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La grave situación que vivieron vecinos de La Polcura, en la comuna de Navidad, se ha visto reflejada en una reciente sentencia judicial que condenó a la Compañía General de Electricidad (CGE) por su responsabilidad en un devastador incendio forestal ocurrido en 2019. El tribunal de primera instancia ha ordenado que la empresa indemnice a los afectados con $400 millones por daño moral, aunque este fallo es solo la primera etapa de un proceso que ha dejado múltiples interrogantes sobre las medidas de seguridad de la empresa.
Detalles del incendio en La Polcura
El siniestro que arrasó con viviendas y terrenos en La Polcura comenzó el 2 de enero de 2019 y se mantuvo activo durante casi tres días, consumiendo aproximadamente 336 hectáreas. De acuerdo con las investigaciones, el fuego se originó en un área de pastizales secos, justo debajo de un tendido eléctrico de CGE. La hipótesis principal señala que un cable eléctrico cayó al suelo, generando chispas que prendieron la vegetación cercana, situación agravada por las altas temperaturas y el viento.
Responsabilidad de la compañía eléctrica
El **Segundo Juzgado Civil de Santiago** condenó a CGE por la falta de medidas preventivas adecuadas en su tendido eléctrico. El juez Manuel Figuera determinó que la empresa actuó con negligencia al no hacer el mantenimiento necesario de las líneas eléctricas ni despejar la vegetación en áreas cercanas, lo que hizo el incendio «previsible y evitable». La sentencia se basa en la responsabilidad de la empresa y el impacto devastador que el incendio tuvo en la comunidad.
Alrededor de 12 personas y familias, además de una inmobiliaria local, se unieron en la demanda contra CGE, reclamando compensaciones que superaban los mil millones de pesos por los daños materiales y el sufrimiento emocional que les causó la tragedia.
Los informes que respaldan la condena
La decisión judicial se sustentó en varios informes periciales. Uno de los más destacados fue elaborado por **DICTUC**, que desestimó la versión de CGE, que atribuía el incendio a actos de terceros como vandalismo. Afirmaron que la altura de los cables lo hacía poco probable, lo que lleva a cuestionar la veracidad de la defensa presentada por la empresa.
Además, un **Informe Pericial Medioambiental** elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) y CONAF calificó el incidente como un «accidente eléctrico por negligencia y/o descuido de la empresa». Este diagnóstico es crucial, ya que reafirma la falta de acción de CGE en la gestión de sus instalaciones eléctricas y subraya la importancia de la responsabilidad corporativa en la prevención de desastres.
Impacto en la comunidad afectada
Las consecuencias del incendio fueron devastadoras para la comunidad. Muchas familias perdieron sus hogares, mientras que la infraestructura básica que sustentaba sus vidas rurales se vio gravemente dañada, incluyendo sus bosques nativos y plantaciones forestales. La angustia emocional sume a los afectados en un estado de incertidumbre y desolación, y aun así, el tribunal solo reconoció indemnizaciones por daño moral, lo que generó críticas sobre la cuantificación de las pérdidas y la dificultad que enfrentaron los demandantes para probar el valor de sus patrimonios perdidos.
Posible apelación de la empresa
A pesar de la condena, CGE tiene la opción de apelar el fallo en instancias superiores, lo que podría prolongar el sufrimiento de las familias afectadas y presentar un escenario incierto sobre el futuro de esta situación. Esto subraya un tema recurrente en litigios contra grandes corporaciones, donde los afectados deben enfrentar no solo la tragedia personal, sino también un largo y potencialmente doloroso proceso judicial.
Reflexión sobre la seguridad eléctrica
Este caso resalta la importancia de la responsabilidad empresarial en relación con la seguridad eléctrica y la prevención de incendios forestales, especialmente en zonas rurales donde las comunidades dependen de su entorno para la subsistencia. La condena a CGE podría servir como llamado de atención para otras compañías sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas robustas que salvaguarden el bienestar de las comunidades circundantes. La gestión adecuada de los recursos y la inversión en seguridad no solo son imperativos legales, sino también éticos para garantizar que situaciones como la de La Polcura no se repitan en el futuro.
