El 1 de junio marcó el final de un período de cuatro meses del Estado de Excepción de Catástrofe, una medida implementada por el Presidente Gabriel Boric en respuesta a los devastadores incendios que asolaron las comunas de Viña del Mar y Quilpué en febrero. Estos incendios, considerados como megaincendios, arrasaron con 10,000 hectáreas de terreno, causaron la muerte de 135 personas y afectaron a otras 21,229.
El Estado de Excepción de Catástrofe permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas, proporcionando un nivel adicional de seguridad y apoyo en la región. Sin embargo, con la finalización de la medida, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), junto con los parlamentarios del Frente Amplio, han instado al gobierno y al Presidente Boric a mantener la medida en su comuna.
La alcaldesa Ripamonti ve la presencia de las Fuerzas Armadas como una necesidad, ya que proporcionan personal adicional para tareas de resguardo y permiten fortalecer la presencia del Estado en la zona cero. Esta postura contrasta con la de su homóloga en Quilpué, Valeria Melipillán (CS), quien cree que las instituciones de seguridad existentes pueden manejar la situación.
En respuesta a las solicitudes de la alcaldesa Ripamonti, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC), ha expresado la resistencia del gobierno a mantener el estado de excepción. Sin embargo, Ripamonti ha seguido insistiendo en su petición, utilizando su línea directa con el Presidente Boric para transmitir su mensaje directamente a Santiago.
En declaraciones públicas, la alcaldesa Ripamonti ha defendido su posición, citando a sus vecinos que le han pedido que el estado de excepción continúe. Su argumento se basa en la necesidad de seguridad y tranquilidad para los ciudadanos, especialmente en momentos de vulnerabilidad, como el temor a ser víctimas de delitos en las viviendas que han logrado reconstruir con sus propias manos.
Desde la catástrofe, Ripamonti ha criticado al Gobierno por cómo se ha manejado la reconstrucción y la emergencia. Por ejemplo, durante la entrega de útiles escolares en Villa Independencia, uno de los sectores más afectados, criticó que los suministros se guardarían en carpas debido a la falta de viviendas de emergencia.
Desafortunadamente, el Gobierno Central desestimó la petición de Ripamonti y no renovó el decreto de estado de excepción. Según el gobierno, las labores de seguridad deben ser realizadas por Carabineros de Chile, como ha señalado la máxima autoridad de Quilpué. Sin embargo, Ripamonti insiste en que las medidas de seguridad deben ser reforzadas con el despliegue militar.
La postura de Ripamonti ha recibido el apoyo de diputados de su partido y de la oposición, que han pedido la renovación de la medida por 30 días más. Entre ellos se encuentra el diputado Jorge Brito (RD), quien argumenta que muchas familias aún no han podido regresar a sus hogares debido a las condiciones de habitabilidad insuficientes.
El senador Francisco Chahuán (RN) también ha expresado su apoyo a la alcaldesa, insistiendo en la necesidad de proteger a las familias damnificadas, sus pertenencias y las donaciones y materiales utilizados en el proceso de reconstrucción. Según Chahuán, no hay razón ni justificación para levantar el estado de excepción aún.
En medio de este debate, la gestión de la alcaldesa Ripamonti en la crisis no ha estado exenta de críticas. Se ha señalado que la Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente el Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación ante incendios. Esto ha llevado a especulaciones de que podría ser citada en el marco de la investigación judicial.
En conclusión, el debate sobre si se debe mantener o no el estado de excepción en Viña del Mar y Quilpué continúa. Mientras que la alcaldesa Ripamonti y algunos diputados y senadores insisten en la necesidad de mantener la presencia militar, el gobierno central y otros funcionarios locales sostienen que las instituciones de seguridad existentes son suficientes para manejar la situación.
