Resolución contra el ministro y los subsecretarios
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast pedir la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira.
La iniciativa fue aprobada con 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, en el marco de una sesión especial dedicada a las rebajas de condenas concedidas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos sexuales y de lesa humanidad.
Oposición confirma acusación constitucional
Tras la presentación de Rabat ante la Cámara, la oposición confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el ministro. El anuncio fue realizado por Daniela Serrano, jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes.
La parlamentaria cuestionó la actuación del secretario de Estado y sostuvo que el Ejecutivo no cumplió el plazo de 48 horas fijado por la oposición para entregar los decretos relacionados con los beneficios.
“De manera responsable, acá todos los partidos presentes, los parlamentarios y parlamentarias, vamos a impulsar una acusación constitucional”, afirmó Serrano después de la exposición de Rabat.
Responsabilidades políticas
Serrano señaló que la oposición busca establecer responsabilidades políticas. También recordó que la Cámara aprobó la resolución que pide al Presidente Kast solicitar la salida de Fernando Rabat, Luis Silva y Pablo Mira.
Rebajas de condenas bajo cuestionamiento
Entre los fundamentos de la resolución se encuentra la controversia generada por los decretos que permitieron rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores. La medida también incluyó beneficios para condenados por delitos de lesa humanidad.
Debate sobre la viabilidad jurídica
La eventual acusación constitucional abrió, además, una discusión sobre sus fundamentos legales. La abogada María José Lira sostuvo que sería complejo acreditar una infracción grave a la Constitución o a las leyes, debido a las distintas interpretaciones existentes sobre las normas que regulan estos beneficios.
Según explicó, las ambigüedades legales y los criterios divergentes de los tribunales dificultan sostener que las decisiones adoptadas constituyan, por sí mismas, un ilícito constitucional.
“Pretender transformar esa ambigüedad legal en un ‘ilícito constitucional’ fuerza peligrosamente la dogmática jurídica”, afirmó Lira, quien atribuyó parte del problema a deficiencias en la técnica legislativa.
Responsabilidad jurídica y política
La abogada distinguió entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. De acuerdo con su análisis, el propio Presidente reconoció públicamente la existencia de errores en esta materia, por lo que el Ejecutivo debía asumir las consecuencias mediante la salida del ministro y del subsecretario del área.
Como esa respuesta no se concretó, añadió, el conflicto se trasladó al Congreso. En ese escenario, la viabilidad de la acusación constitucional también dependerá de los apoyos parlamentarios que logre reunir.
Lira advirtió que el uso recurrente de este mecanismo cuando existen mayorías circunstanciales puede generar efectos complejos para la institucionalidad. No obstante, consideró que la controversia actual se explica por la falta de una solución política oportuna.
