Más de $30 mil millones fueron destinados en Chile, durante 2023 y 2024, a llevar agua potable a comunidades afectadas por la sequía mediante contratos de camiones aljibe. Esta es una de las principales conclusiones de una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia, que también detectó deficiencias en el registro, la gestión y la entrega de información sobre estos recursos.
La revisión detectó 370 contratos
El análisis consideró las contrataciones realizadas por municipalidades y delegaciones presidenciales en zonas declaradas con escasez hídrica. En total, se identificaron 370 contratos vigentes por un monto de $30.192 millones. Del conjunto revisado, el 75% fue celebrado por delegaciones presidenciales y el 25% restante correspondió a los municipios.
Valparaíso concentró la mayor parte de los recursos
La distribución territorial del gasto mostró una marcada concentración. La Región de Valparaíso reunió el 47% de los recursos informados y el 61% de los contratos identificados. A continuación se ubicaron las regiones Metropolitana y Ñuble, que en conjunto representaron cerca del 40% de los montos comprometidos.
Incumplimientos en la entrega de información
Uno de los principales hallazgos de la fiscalización se relaciona con el acceso a los antecedentes. El Consejo constató incumplimientos en el 56% de las instituciones revisadas. Si bien el 81% respondió las solicitudes dentro del plazo establecido, un 12% lo hizo fuera del período legal y un 7% no había entregado respuesta al cierre del proceso.
El informe señaló que, aunque la información puede ser obtenida, presenta distintos niveles de completitud y estandarización. Esta situación dificulta, en algunos casos, reconstruir adecuadamente la ejecución del gasto, la cobertura del servicio y la trazabilidad de las contrataciones.
Faltan datos sobre los beneficiarios
La fiscalización también evidenció dificultades para establecer con precisión el alcance de los beneficios. Los antecedentes que menos informaron las instituciones fueron los litros de agua distribuidos y el número de hogares beneficiados, dos indicadores fundamentales para medir el impacto real de estas contrataciones en las comunidades afectadas por la escasez hídrica.
Predominan los contratos de corta duración
Otro aspecto observado fue la vigencia de los convenios. Aunque los decretos de escasez hídrica suelen extenderse por un año, el 73% de los contratos tuvo una duración igual o inferior a tres meses. En numerosos casos, los organismos suscribieron acuerdos sucesivos con los mismos proveedores, prolongando un esquema basado en renovaciones de corto plazo.
65 proveedores participaron en el mercado
El Consejo identificó además la participación de 65 proveedores distintos. Varios concentraron montos importantes en determinadas regiones, especialmente en Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Coquimbo, territorios donde también se registraron algunos de los contratos de mayor cuantía del país.
La situación de la Región de Coquimbo
La Región de Coquimbo aparece entre las zonas relevantes del informe. Durante 2023 y 2024 se registraron contratos por más de $2.227 millones para distribuir agua potable mediante camiones aljibe, cifra equivalente al 7% del gasto nacional identificado por la fiscalización.
La Serena figura entre las comunas con mayor gasto
El caso más destacado de la región corresponde a La Serena. La capital regional quedó entre las cinco comunas con mayores montos destinados a este tipo de contrataciones en Chile, con un total de $1.804 millones durante el período analizado. Solo fue superada por La Ligua, Olmué y Puente Alto, y se ubicó por encima de otras comunas históricamente afectadas por la escasez hídrica.
La Municipalidad de La Serena también aparece entre las instituciones con mayores desembolsos del país y dentro del grupo de mayores contrataciones individuales detectadas por el Consejo para la Transparencia.
Otros convenios registrados en la región
En el mismo período, la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó 14 contratos. Además, las municipalidades de Andacollo y Punitaqui registraron convenios destinados a abastecer con agua potable a sectores afectados por la sequía.
Un servicio de alto interés público
La fiscalización concluyó que los contratos de camiones aljibe constituyen una materia de alto interés público, tanto por el volumen de recursos involucrados como por su efecto directo en miles de familias que dependen de este mecanismo para acceder al agua potable.
Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia sistemas más transparentes y estandarizados, que permitan conocer con mayor claridad cómo se ejecutan los recursos, quiénes son sus beneficiarios y cuál es el alcance real de una de las principales respuestas del Estado frente a la crisis hídrica.
