El presidente José Antonio Kast se refirió a las más de 100 solicitudes de indulto que permanecen pendientes de resolución. La mayoría corresponde a personas condenadas por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario reiteró que su administración examinará cada petición de manera individual.
En conversación con La Mañana de Agricultura, Kast explicó que la atribución presidencial debe ejercerse a partir de los antecedentes específicos de cada caso. También precisó que conceder un indulto no significa modificar las decisiones adoptadas por los tribunales. “Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”, sostuvo.
Debate por los presos con enfermedades terminales
El jefe de Estado fue consultado por las personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, asunto que forma parte de la discusión sobre los indultos.
Al respecto, afirmó que se trata de uno de los principales puntos de debate y planteó que no corresponde que alguien muera en prisión debido a su estado de salud. “Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde a que una persona muera en la cárcel”, declaró.
En ese contexto, mencionó a Miguel Krassnoff, quien cumple condenas que, en conjunto, superan los mil años. Kast insistió en que las solicitudes deben resolverse considerando las circunstancias particulares de cada interno. “Esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”, señaló.
El Gobierno descarta una regla general
Kast enfatizó que el Ejecutivo no aplicará una norma general para resolver las solicitudes, sino que revisará cada una por separado.
Sus dichos se conocen después de que algunos sectores políticos, entre ellos republicanos y el Partido Nacional Libertario, plantearan la posibilidad de promover un indulto general. El presidente sostuvo que los partidos tienen el “legítimo derecho” de presentar una iniciativa de esa naturaleza ante el Congreso, aunque reafirmó que la posición del Gobierno es analizar los casos individualmente.
“Todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general”, concluyó.
