La solicitud será revisada por la justicia electoral
La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, y el concejo municipal recurrieron al Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la remoción del concejal Alejandro Astudillo. La decisión fue comunicada después de conocerse la formalización del edil por el delito de abuso sexual, hecho que habría ocurrido en plena plaza de armas de la ciudad.
De todos modos, la eventual salida del concejal no será inmediata, ya que el requerimiento debe someterse a un procedimiento judicial con distintas etapas y plazos establecidos por la legislación.
Un trámite que podría durar entre dos y seis meses
El abogado Carlos Sandoval explicó que este tipo de solicitudes se rige por la Ley N.° 18.593 y por las disposiciones del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Según detalló, la tramitación completa podría extenderse entre dos y seis meses, dependiendo de la complejidad de la causa y de los tiempos procesales.
Las etapas del procedimiento
Admisión, notificación y descargos
Una vez ingresada la solicitud, el TER debe revisar si cumple con los requisitos legales para admitirla a tramitación. Luego, la parte requirente tiene diez días hábiles para gestionar la notificación de la autoridad involucrada. Si no cumple con esa obligación, el requerimiento se considerará no presentado.
Tras ser notificado, Alejandro Astudillo dispondrá de otros diez días hábiles para responder y presentar sus descargos por escrito. Cumplida esa fase, el tribunal definirá si existen hechos controvertidos que deban ser acreditados mediante pruebas.
Pruebas, testigos y alegatos
Si el TER determina que es necesario rendir prueba, se abrirá un periodo probatorio de diez días hábiles. Durante ese plazo, las partes podrán aportar antecedentes y presentar testigos. Las nóminas respectivas deberán entregarse dentro de los tres primeros días de esta etapa.
Concluida la presentación de pruebas, el tribunal fijará una audiencia para escuchar los alegatos de los abogados. Posteriormente, cuando la causa quede en estado de fallo, contará con un plazo legal de quince días hábiles para dictar sentencia.
La resolución puede ser apelada
Sandoval advirtió que la duración efectiva del proceso podría variar por factores como la carga de trabajo del tribunal, las diligencias pendientes y la complejidad de los antecedentes que deban analizarse.
Además, señaló que la resolución del TER puede ser apelada ante el TRICEL dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, lo que podría prolongar la definición del caso.
Así, aunque el municipio busca avanzar en la eventual salida de Astudillo tras su formalización, será la justicia electoral la encargada de revisar los antecedentes y determinar si existen fundamentos legales suficientes para ordenar su remoción.