Las recientes decisiones del Ministerio de Justicia vinculadas con la rebaja de condenas a agresores sexuales profundizaron la división política y la preocupación social. En este escenario, diputados de la Región de Coquimbo analizaron si la salida del ministro Fernando Rabat permitiría encauzar la crisis institucional que enfrenta el Ejecutivo.
Aunque existe coincidencia en que la renuncia del secretario de Estado no resolvería por sí sola el problema de fondo, varios parlamentarios locales consideran que su remoción constituye una señal política necesaria.
La oposición plantea responsabilidades políticas
Nathalie Castillo vincula la salida con la probidad pública
La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, sostuvo que la dimisión de Rabat no terminaría con la crisis, pero afirmó que resulta indispensable por razones de probidad pública. A su juicio, las autoridades tienen un deber moral, ético y de Estado de proteger a niños, niñas y adolescentes, además de garantizar el cumplimiento estricto de las condenas.
Castillo agregó que solicita diariamente la renuncia del ministro y que se encuentra preparando una acusación constitucional.
Bernardo Salinas cuestiona el criterio aplicado
El diputado independiente cercano al PC, Bernardo Salinas, afirmó que el Ejecutivo debió exigir la salida de Rabat y de su equipo directo. Aunque reconoció que apartar al ministro no resolvería el problema de fondo, consideró que removerlo junto con el subsecretario sería la señal mínima que el Gobierno debe entregar.
Salinas planteó que para revertir la situación se necesita un mea culpa, una disculpa nacional y dejar sin efecto completamente las decisiones adoptadas. Según su interpretación, el origen del conflicto no estaría en la inexistencia de una ley o en la falta de autorización legal, sino en la discrecionalidad y en una decisión consciente del ministro, su gabinete y sus asesores para reducir las penas. En ese contexto, calificó de “verdaderos monstruos” a los violadores.
La UDI apuesta por una solución legislativa
Desde una posición distinta, el diputado de la UDI, Marco Sulantay, sostuvo que la salida debe buscarse mediante el trabajo legislativo y definió el episodio como una disputa política dentro del oficialismo. A su juicio, el conflicto refleja un desencuentro entre el Gobierno, los partidos y los parlamentarios que lo respaldan.
Sulantay señaló que la salida de Rabat o cualquier acción performática o mediática impulsada por la izquierda no entregará las respuestas que necesitan las víctimas y sus familias. Por ello, afirmó que la solución pasa por legislar.
El parlamentario recordó además que, en la Comisión de Constitución de la Cámara, los partidos Comunista, Socialista, PPD y FRVS votaron en contra del proyecto que busca corregir con urgencia el vacío legal que permitió la libertad anticipada de delincuentes.
Pedido de transparencia y apoyo a las familias
La diputada Eileen Urqueta (PDG) se mostró partidaria de que el Presidente José Antonio Kast remueva a Rabat. Sostuvo que, durante su conducción, el Ministerio de Justicia modificó el criterio utilizado para resolver las rebajas de condena, por lo que el ministro debe asumir la responsabilidad política por esa decisión y sus consecuencias.
Urqueta también exigió que el Gobierno informe quién recomendó el cambio de criterio, quién lo autorizó, qué advertencias se recibieron y cómo se analizó cada caso.
Finalmente, remarcó que el Estado debe brindar apoyo inmediato a las personas afectadas. Señaló que las familias que hoy sienten temor necesitan saber a quién acudir y qué medidas adoptará el Estado para protegerlas.
