La Corte modifica las medidas cautelares
La investigación por la presunta emisión fraudulenta de licencias médicas en la Región de Coquimbo tuvo un nuevo giro este sábado 24 de octubre de 2026. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió los recursos presentados por las defensas de dos médicos formalizados y revocó la prisión preventiva que se les había impuesto.
Según el fallo, C.F.P.V. quedó sujeto a arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas mientras se extienda la investigación. La defensa del médico identificado como F.J.D.W. también logró revertir la prisión preventiva decretada en primera instancia. Ambos continuarán vinculados a la causa bajo estrictas medidas cautelares.
Los fundamentos de la resolución
El documento judicial establece que existen antecedentes que permiten investigar el delito de falsificación de licencias médicas. Sin embargo, el tribunal consideró desproporcionado mantener a los imputados privados de libertad y ordenó reemplazar esa medida por cautelares de menor intensidad.
De esta manera, la Primera Sala revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena y dispuso el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y la prohibición de emitir licencias médicas durante el desarrollo de la causa.
La defensa de F.J.D.W. apeló la medida
El abogado Carlo Silva Muñoz, quien asumió hace pocos días la representación de F.J.D.W., explicó que, tras revisar los antecedentes de la carpeta investigativa, decidió recurrir ante la Corte de Apelaciones.
La audiencia se realizó durante la mañana del sábado 24 de octubre, mediante alegatos. Silva Muñoz señaló que la sala acogió la tesis de la defensa y estimó que, por ahora, no existían méritos para mantener la prisión preventiva. En su reemplazo, se estableció el arresto domiciliario total, la prohibición de salir del país y la prohibición de emitir licencias médicas en el sistema previsional.
La imputación contempla tres delitos
De acuerdo con el abogado, uno de los aspectos centrales de la resolución está relacionado con los delitos atribuidos por la Fiscalía. Según su interpretación, de los tres ilícitos incluidos en la imputación, el tribunal tuvo por acreditado en esta etapa solamente uno: la eventual falsificación de licencias médicas.
La defensa sostiene que no habría antecedentes suficientes para vincular a su representado con los delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos, incorporados originalmente en la formalización. Además, anunció que durante la investigación solicitará peritajes especializados para revisar la totalidad de las licencias médicas cuestionadas por el Ministerio Público.
Para ese análisis se contemplan informes de peritos contadores e ingenieros estadísticos. El objetivo será establecer el número real de licencias observadas, ya que la Fiscalía imputa cerca de 4.500 licencias y la defensa afirma contar con registros y antecedentes que permitirían reducir considerablemente esa cifra.
Las otras defensoras valoraron el fallo
Las abogadas Paula Pérez y Pia Bustos, representantes de C.F.P.V., también expresaron su conformidad con la decisión de la Primera Sala. Las profesionales señalaron que la resolución reafirma el carácter excepcional de la prisión preventiva y recordaron que asumieron recientemente la defensa, apelando la medida por considerar excesivo que su representado permaneciera en la cárcel.
Las defensoras aclararon que la resolución no pone fin a la investigación ni implica impunidad. C.F.P.V. deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, además de comparecer a todas las actuaciones del proceso. Asimismo, enfatizaron que, mientras no exista una sentencia condenatoria, rige la presunción de inocencia y la privación de libertad debe ser siempre la última opción.
La investigación continúa
Con la decisión judicial, ambos médicos seguirán enfrentando la investigación en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares estrictas. Mientras tanto, la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes en una causa que ha generado amplio interés público por su eventual impacto en el sistema previsional y de salud.
