La propuesta de Presupuesto 2027 presentada por el Ejecutivo volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de la Ley Ricarte Soto. El proyecto considera menos recursos para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, mientras el Congreso tramita una iniciativa destinada a fortalecer de manera permanente la cobertura de estas prestaciones.
La reducción prevista para el fondo
Según los antecedentes de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), los recursos asociados a la normativa pasarían de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027.
La diferencia nominal alcanza los $22.745 millones. Al considerar el efecto de la inflación, la disminución real se aproxima a $28 mil millones, equivalente a cerca de un 14%.
Parlamentarios piden garantías para los pacientes
Sergio Gahona advierte por la incorporación de tratamientos
El senador Sergio Gahona manifestó su preocupación por los posibles efectos de la rebaja. A su juicio, una de las principales consecuencias podría ser la limitación para incorporar nuevos tratamientos y un aumento de la incertidumbre entre las familias.
El parlamentario recordó que el Gobierno ha asegurado que las terapias actuales están protegidas, pero sostuvo que ese compromiso debe contar con recursos suficientes y oportunos. También señaló que respaldará la responsabilidad fiscal, aunque promoverá un financiamiento que permita mantener la continuidad de las terapias para quienes enfrentan enfermedades de alto costo.
Daniel Núñez busca reponer los recursos
El senador Daniel Núñez cuestionó la magnitud de la reducción y advirtió que podría dificultar la incorporación de personas que necesitan medicamentos y tratamientos de alto costo.
El legislador indicó que en la Región de Coquimbo existen más de mil pacientes oncológicos activos y planteó que sus familias tienen derecho a conocer cómo se garantizará el acceso oportuno a las terapias. Asimismo, afirmó que intentará reponer los fondos durante la discusión legislativa y que exigirá al Ministerio de Salud garantías para que ningún beneficiario quede sin cobertura.
Nathalie Castillo destaca la situación de la enfermedad de Fabry
La diputada Nathalie Castillo calificó de inaceptable la disminución presupuestaria. Además, recordó que la Región de Coquimbo registra la mayor prevalencia de enfermedad de Fabry del país, lo que, según señaló, demuestra la relevancia de esta cobertura para pacientes y familias.
La parlamentaria adelantó que exigirá la restitución de los recursos y sostuvo que un ajuste fiscal no puede terminar afectando prestaciones relacionadas directamente con la salud y la vida de las personas.
Carolina Tello exige claridad sobre la continuidad
La diputada Carolina Tello planteó que el principal desafío será asegurar que la reducción no interrumpa los tratamientos. En ese sentido, pidió conocer qué medidas permitirán evitar que una persona quede sin su terapia por falta de recursos y afirmó que no es posible aprobar el presupuesto sin esa claridad.
El Gobierno descarta la suspensión de tratamientos
Erich Grohs defiende un uso más eficiente del gasto
El diputado Erich Grohs adoptó una postura distinta y defendió la necesidad de optimizar el gasto público. Según explicó, el objetivo no debería ser desproteger a los pacientes, sino asegurar que cada peso se utilice de forma eficiente y transparente.
El parlamentario agregó que, si el Gobierno garantiza la continuidad de las coberturas, esa afirmación debe estar respaldada por cifras claras y un financiamiento suficiente.
Darwin Cortés asegura que se mantendrá la cobertura
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno insistió en que la disminución contemplada en el Presupuesto 2027 no implicará la suspensión de tratamientos para los beneficiarios de la Ley Ricarte Soto.
El vocero regional de Gobierno, Darwin Cortés, señaló que las familias necesitan certezas y afirmó que el Ministerio de Salud ha ratificado la continuidad de las prestaciones.
De acuerdo con lo explicado por Cortés, la ministra de Salud indicó que el ajuste no interrumpirá la entrega de medicamentos a las personas que cumplan los requisitos de la ley. Esto incluye tanto a los pacientes actuales como a quienes se incorporen a patologías que ya cuentan con cobertura del sistema.
La autoridad sostuvo que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar esas prestaciones y que seguirá trabajando para asegurar los recursos necesarios. También recordó que el presupuesto aún está abierto a discusión y que las críticas deben ser respondidas con antecedentes. Desde esa perspectiva, afirmó que decir que los pacientes perderán sus medicamentos no se condice con la información entregada por la ministra, aunque sí es posible debatir las asignaciones con firmeza sin generar incertidumbre entre las familias.
