La Región de Coquimbo registró 24 víctimas de homicidio consumado durante el primer semestre de 2026, siete más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile. Con este resultado, la tasa regional aumentó 42,1% y pasó de 1,9 a 2,7 víctimas por cada 100 mil habitantes.
El escenario regional contrasta con la evolución del país. Entre enero y junio se contabilizaron 472 víctimas a nivel nacional, con una tasa de 2,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se trata del registro más bajo para un primer semestre desde 2021 y representa una disminución de 11,5% frente al mismo período del año anterior, en una tendencia descendente posterior al máximo observado en 2022.
El alza ubica a Coquimbo entre las regiones con mayores incrementos del país y la ha convertido en un foco de atención en el análisis de la violencia homicida fuera de los principales centros urbanos. Además, la región superó en número de víctimas a territorios habitualmente asociados con mayores niveles de violencia, como Antofagasta y Arica y Parinacota. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que las comparaciones deben considerar las tasas y las particularidades de cada territorio.
Una violencia con mayor presencia de armas
La seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, María José Duarte, sostuvo que el aumento exige una respuesta firme del Estado y que las cifras no deben minimizarse. A su juicio, las siete víctimas adicionales respecto del año pasado representan pérdidas irreparables.
La autoridad también planteó que no existe una sola explicación para los 24 casos. Cada investigación debe considerar el contexto, las motivaciones, los presuntos autores y los mecanismos utilizados. Aun así, identificó señales comunes que preocupan especialmente a las instituciones.
El 58,3% de las víctimas murió por impactos de arma de fuego y el 62,5% de los hechos ocurrió en la vía pública. Para Duarte, estos datos muestran una violencia más armada y plantean la necesidad de reforzar la respuesta institucional, la investigación criminal y el control de armas.
La seremi llamó igualmente a evitar conclusiones apresuradas. El hecho de que Coquimbo registre más víctimas que Antofagasta y Arica y Parinacota no significa que enfrente la misma realidad delictual que las regiones del extremo norte. Del mismo modo, señaló que no es correcto vincular automáticamente todos los casos con el crimen organizado sin revisar los antecedentes de cada investigación a cargo del Ministerio Público.
El vínculo con delitos y grupos organizados
El informe evidencia una modificación en la composición de los homicidios. Por primera vez desde el inicio de esta medición, los asesinatos ocurridos en contextos asociados a delitos o grupos organizados constituyeron la principal categoría a nivel nacional, con el 41,3% de las víctimas, por encima de los hechos derivados de conflictos interpersonales.
En Coquimbo, la proporción fue aún mayor: el 54,2% de los homicidios se produjo en un contexto asociado a delito y/o grupo organizado, mientras que el 33,3% correspondió a conflictos interpersonales. Los casos restantes permanecen en investigación o fueron incluidos en otras categorías.
Duarte explicó que esta clasificación es más amplia que el concepto estricto de crimen organizado. Por esa razón, no permite afirmar que todos los hechos estén relacionados con narcotráfico, ajustes de cuentas o enfrentamientos entre bandas. La calificación final depende de los elementos reunidos en cada causa.
Con todo, la seremi reconoció un cambio en la naturaleza de la violencia regional, especialmente por la mayor utilización de armas de fuego. Esta evolución, indicó, obliga a fortalecer tanto las pesquisas penales como las medidas destinadas a retirar armas de circulación.
La perspectiva histórica
El abogado y exfiscal regional Adrián Vega pidió analizar el aumento dentro de un período más extenso antes de concluir que existe un deterioro estructural de la seguridad en Coquimbo. Según explicó, durante los ocho años considerados por el estudio la tasa regional ha oscilado, en promedio, entre 2,5 y 3,5 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Desde esa perspectiva, Vega considera que el primer semestre de 2024 fue una anomalía estadística, mientras que el resultado de 2026 se mantiene dentro de los rangos históricos de la región. No obstante, destacó que la proporción de homicidios asociados a delitos o grupos organizados llegó a 54,2%, bastante por encima del promedio de ocho años, cercano al 40%.
A su juicio, ese incremento podría estar relacionado con rencillas entre bandas, vendettas y disputas territoriales. Para enfrentar el fenómeno, planteó que la persecución penal y la prevención deben apoyarse en la identificación de patrones criminales, la caracterización de víctimas y victimarios, los mapas de calor y el análisis territorial.
El general (r) de Carabineros y experto en criminología Jorge Tobar también llamó a interpretar con prudencia los datos del semestre. Recordó que el homicidio es un indicador volátil y que pueden producirse repuntes durante períodos de reducción sostenida sin que ello implique necesariamente un quiebre de la tendencia nacional.
Tobar señaló que las trayectorias regionales son diferentes. Arica y Parinacota llegó a superar los 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Coquimbo se aproximó a una tasa de 8 en 2022 y posteriormente consiguió reducciones importantes. En territorios con niveles muy elevados, agregó, las medidas preventivas pueden generar descensos más rápidos y visibles.
El especialista coincidió, sin embargo, en que el aumento de los homicidios vinculados con actividades criminales merece un seguimiento especial. También advirtió que los casos interpersonales deben continuar siendo abordados, debido al fuerte impacto que provocan en la percepción de inseguridad de la población.
Las medidas anunciadas por el Gobierno
Frente a los resultados del primer semestre, el Gobierno informó que intensificará las acciones focalizadas en los lugares donde se concentra la violencia. La estrategia contempla:
- Reforzar el Plan Calles sin Violencia en La Serena, Coquimbo y Ovalle.
- Ampliar los operativos territoriales contra el crimen organizado.
- Fortalecer las fiscalizaciones de armas, drogas, vehículos y comercio irregular.
- Incrementar los controles carreteros realizados de manera interinstitucional.
- Aumentar los patrullajes preventivos en los sectores con mayor concentración de delitos violentos.
María José Duarte explicó que la intervención estará centrada principalmente en la conurbación La Serena-Coquimbo, aunque también abarcará sectores de las provincias de Limarí y Choapa.
La meta para el segundo semestre es contener el incremento, reducir los homicidios, mejorar el esclarecimiento de los casos y sacar armas de circulación. La autoridad señaló que no se comprometerá una cifra específica sin respaldo técnico y que los resultados serán revisados mediante indicadores objetivos, con comunicación transparente.
Una señal que deberá confirmarse
El informe deja abierta la duda de si el aumento registrado en 2026 corresponde a una fluctuación estadística o si anticipa un problema más profundo, asociado a la expansión de mercados criminales y a disputas por el control territorial.
Según Jorge Tobar, el crimen organizado ya está presente en la región, aunque en una escala menor que en otras zonas del país. Su expresión más visible se encontraría en la provincia de Choapa, particularmente en actividades vinculadas al narcocultivo. Por ello, consideró necesario mantener los planes de seguridad, prevención y acción rural que se encuentran en ejecución.
El experto sostuvo que los resultados en seguridad pública no son inmediatos y que no existen soluciones únicas. La reducción de la violencia requiere combinar control policial, persecución penal y prevención social, junto con una coordinación sostenida entre las distintas instituciones.
Así, el primer semestre dejó un panorama contradictorio: mientras Chile redujo sus homicidios, Coquimbo registró más víctimas, una presencia mayoritaria de armas de fuego y una proporción creciente de casos asociados a delitos o grupos organizados. La evolución de los próximos meses permitirá establecer si el alza se mantiene dentro de la variación histórica o si representa el comienzo de una nueva etapa en la dinámica criminal regional.
