Una investigación conjunta de la Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una presunta organización criminal que, según los antecedentes expuestos, defraudó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la emisión de bonos PAD dentales por prestaciones que nunca se realizaron. El caso, que se habría extendido por casi tres años y operado desde el centro médico VenNorte en Copiapó, provocó un perjuicio superior a $260 millones al Estado y afectó a cerca de 400 pacientes, entre ellos menores de edad.
Desarticulan presunta red que defraudaba a Fonasa con bonos PAD dentales
De acuerdo con los antecedentes presentados por el fiscal de la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores, la estructura tenía un funcionamiento coordinado y roles claramente definidos. La maniobra se habría sustentado en el uso de la huella digital de los pacientes para validar, sin su conocimiento, prestaciones odontológicas inexistentes en el sistema I-MED. Esos bonos se cobraban posteriormente a Fonasa, generando el millonario perjuicio fiscal que hoy se investiga.
La causa reveló además efectos directos sobre las personas. Según expuso la Fiscalía, al quedar registrados en Fonasa como beneficiarios de tratamientos dentales ya ejecutados y pagados, numerosos usuarios se vieron impedidos de acceder a esas prestaciones cuando realmente las necesitaron.
Cuatro detenidos: dos en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario nocturno
Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad venezolana, formalizadas por diversos delitos. El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para dos imputados, mientras que los otros dos quedaron sujetos a la cautelar de arresto domiciliario nocturno. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó antecedentes relativos a 31 pacientes cuyas huellas digitales habrían sido utilizadas para tramitar prestaciones odontológicas que nunca recibieron.
En la estructura figura, según la Fiscalía, quien cumpliría el rol de líder: un auxiliar paramédico en odontología que se habría hecho pasar por médico, configurando además el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Junto a él, fueron formalizados un imputado sindicado como encargado de recibir y redistribuir el dinero, un médico radiólogo que firmaba informes mientras se utilizaban los datos biométricos para generar los bonos falsos, y la recepcionista del centro médico, identificada como operadora del sistema I-MED y de la captura de huellas digitales.
El centro médico VenNorte, epicentro de la maniobra en Copiapó
Según los investigadores, el centro VenNorte funcionó como plataforma para el fraude. La hipótesis de la Fiscalía es que los pacientes acudían al recinto a realizarse exámenes de imagenología, prestaciones que sí eran efectuadas, mientras sus huellas digitales eran aprovechadas para emitir, en paralelo y sin su consentimiento, bonos PAD dentales correspondientes a tratamientos que no se materializaban.
Este mecanismo habría permitido, de manera sostenida, dar apariencia de legalidad a prestaciones inexistentes, y obtener el pago por parte de Fonasa. La simultaneidad entre una atención real (imagenología) y una ficticia (odontología) habría favorecido el encubrimiento del circuito de validación en I-MED, núcleo técnico de la maniobra pesquisada.
Huella digital e I-MED: así se ejecutaba el engaño
El uso de la huella digital en el sistema I-MED es central en la tesis de la Fiscalía. De acuerdo con la investigación, la identidad biométrica de los pacientes, capturada durante la atención por exámenes de imagenología, se utilizaba para validar bonos PAD dentales que no correspondían a prestaciones realizadas. De esta forma, la organización habría logrado que el sistema reconociera como ejecutados procedimientos odontológicos ficticios, permitiendo luego su cobro a Fonasa.
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Copiapó, encabezada por la subprefecta Cecilia Diez Carrasco, estableció que el funcionamiento del mecanismo se extendió por casi tres años, hasta la intervención conjunta que permitió desarticular la presunta red criminal.
Lavado de activos mediante sociedades vinculadas
La causa no solo considera la defraudación al sistema de salud público. El Ministerio Público también investiga lavado de activos asociado a la operación. Según se expuso en la formalización, los imputados habrían creado distintas sociedades —entre ellas una farmacia, una perfumería y la empresa Comercializadora Venfarma— para triangular recursos y ocultar su origen ilícito. Por esta arista, además de las personas naturales, se formalizó a las personas jurídicas presuntamente involucradas en la maniobra financiera.
La incorporación de entidades comerciales a la ruta del dinero —indicó la Fiscalía— habría tenido por objeto dotar de apariencia lícita a los fondos obtenidos mediante los bonos PAD falsos, dificultando su trazabilidad.
Alcance del daño e investigación en curso
El perjuicio total al Estado se estimó en una cifra superior a $260 millones, con cerca de 400 pacientes afectados. La arista sanitaria agrega un componente especialmente sensible: personas, entre ellas menores de edad, quedaron registradas como beneficiarias de tratamientos dentales que nunca recibieron, lo que les impidió acceder con posterioridad a prestaciones efectivas cuando las requirieron.
El tribunal fijó un plazo de tres meses de investigación. Durante ese período, la Fiscalía de Atacama y la PDI continuarán desarrollando diligencias y no descartan la identificación de nuevas víctimas o eventuales responsables. La subprefecta Cecilia Diez Carrasco destacó que el trabajo coordinado entre la Bridec y la Fiscalía permitió desactivar el funcionamiento de la estructura y detener a sus integrantes.
Figuras penales investigadas y roles imputados
La Fiscalía investiga asociación ilícita y lavado de activos, junto con el ejercicio ilegal de la profesión atribuido al presunto líder, un auxiliar paramédico en odontología que se habría presentado como médico. En el despliegue operativo, según la formalización, también participaron quien recibía y distribuía el dinero, un médico radiólogo que firmaba informes clínicos mientras se validaban bonos falsos, y la recepcionista que operaba I-MED y capturaba las huellas digitales. El conjunto de funciones específicas sustenta, para el Ministerio Público, la tesis de un actuar coordinado.
Claves del caso: Fonasa, bonos PAD e I-MED
El núcleo del fraude, según la investigación, radicó en el uso de la huella digital de pacientes que acudían a exámenes de imagenología para validar bonos PAD dentales de tratamientos inexistentes. Esos bonos se habrían cobrado a Fonasa, originando el perjuicio fiscal y afectando a usuarios que luego no pudieron acceder a prestaciones reales. La participación del sistema I-MED como plataforma de validación biométrica permitió a los imputados dar apariencia de legalidad a la operación antes de su cobro.
La causa exhibe la relevancia de los controles en la validación biométrica de prestaciones y la trazabilidad de los flujos financieros vinculados a recursos públicos. También muestra el impacto humano de los fraudes en salud: pacientes que, al quedar indebidamente registrados con tratamientos falsos, ven limitado su acceso a la atención que sí requieren. Con el plazo de tres meses de investigación en curso, el avance de las diligencias permitirá delimitar responsabilidades, dimensionar el universo de afectados e impulsar eventuales mejoras en los procedimientos de verificación dentro del sistema público de salud.
