La exvocera de Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, cuestionó públicamente los anuncios del actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respecto de la estrategia con la que la administración de José Antonio Kast busca enfrentar la crisis de seguridad. A través de su cuenta en X, Vallejo criticó que el Ejecutivo haya decidido utilizar como base la actual Política Nacional de Seguridad Pública, diseñada durante el gobierno anterior, y acusó al oficialismo de no contar con un plan propio pese a que la seguridad fue uno de los ejes de campaña. Desde el Gobierno, Arrau defendió la continuidad de esa hoja de ruta, subrayando su vigencia por seis años y su amplitud para abordar fenómenos como narcotráfico, crimen organizado, control fronterizo y prevención del delito, a la vez que aseguró que el Presidente sí dispone de propuestas concretas en la materia.
Vallejo acusa falta de un plan de seguridad propio
En su publicación en la red social X, Camila Vallejo apuntó directamente a la definición estratégica del Ejecutivo en seguridad. Para la exsecretaria de Estado, el oficialismo habría optado por “subirse” a la estructura diseñada por la administración de Gabriel Boric en lugar de presentar una propuesta propia que respondiera al énfasis prometido durante la campaña presidencial. “El Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric”, escribió, abriendo un flanco de críticas que busca instalar la tesis de la ausencia de un diseño original.
Vallejo fue más allá y sostuvo que, pese a la centralidad del tema en el debate público, el oficialismo no contaría con una estrategia delineada por sí mismo. “Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”, afirmó, reforzando la idea de un vacío programático. Sus mensajes se orientaron también a cuestionar las prioridades de la administración actual, a la que acusó de anteponer una agenda ideológica y económica por sobre la seguridad ciudadana.
Críticas a las promesas de campaña de José Antonio Kast
Otro punto central de las declaraciones de Vallejo apuntó a las promesas realizadas por el entonces candidato José Antonio Kast durante el proceso electoral. La exvocera recordó los compromisos con “orden y mano dura” y cuestionó su consistencia con la decisión de sostener la estrategia elaborada en el periodo anterior. “Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña”, agregó.
En esa misma línea, insistió en que “la verdadera prioridad de este Gobierno no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica”. Con ello, la dirigente instaló un contraste entre el discurso y la práctica gubernamental, remarcando el carácter simbólico que, a su juicio, habría tenido el énfasis en seguridad durante la contienda electoral pasada.
El Gobierno defenderá la continuidad de la Política Nacional de Seguridad Pública
Las críticas surgieron luego de que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmara que el Gobierno trabajará utilizando como base la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración de Gabriel Boric. De acuerdo con el secretario de Estado, se trata de un instrumento de largo aliento que permite enmarcar la acción del Ejecutivo en el combate a distintos fenómenos delictivos.
Arrau explicó que dicha política “dura seis años” y que el Gobierno considera que “esa política es suficiente, es amplia”. Según el ministro, el plan vigente ofrece un paraguas que habilita la continuidad del trabajo mientras se avanza en la formulación de componentes operativos específicos y en los reglamentos vinculados a la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En esa perspectiva, el Ejecutivo busca articular la estructura heredada con sus definiciones tácticas propias, evitando un “vacío” de lineamientos mientras se implementan los ajustes institucionales.
Ejes que la política vigente busca abordar
El titular de Seguridad Pública detalló que la política actual contempla un marco amplio para enfrentar fenómenos críticos para el país. Entre ellos se incluyen:
– narcotráfico,
– crimen organizado,
– control fronterizo,
– y prevención del delito.
Para el Gobierno, mantener este marco de acción garantiza una línea de continuidad en la gestión del problema, a la vez que habilita la implementación de planes operativos específicos bajo la nueva institucionalidad. La señal, según las palabras del ministro, es que lo “primero” es contar con una política nacional claramente establecida, y esa condición ya está cumplida con el instrumento promulgado en el periodo anterior. A partir de ahí, el Ejecutivo pretende desarrollar los reglamentos e instrumentos necesarios para que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública concrete su despliegue y ejecute acciones focalizadas según las prioridades definidas.
La Moneda sostiene que Kast sí tiene propuestas propias
En respuesta a los cuestionamientos sobre la ausencia de un plan nuevo, Arrau defendió que el presidente José Antonio Kast cuenta con definiciones sustantivas en la materia. “Es bien indudable que el presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente”, afirmó el ministro, subrayando que el uso de la política vigente no contradice la existencia de propuestas, sino que actúa como base estructural mientras se consolidan los mecanismos operativos.
De este modo, La Moneda busca despejar dudas acerca de una supuesta carencia programática, planteando que el énfasis estará en ejecutar las propuestas bajo la arquitectura de la política ya promulgada. El debate, sin embargo, quedó instalado: para la oposición, el oficialismo estaría reconociendo de facto la validez de la hoja de ruta diseñada previamente; para el Gobierno, se trata de aprovechar un instrumento vigente y suficientemente amplio mientras se aterrizan las acciones propias.
Lo que dijo exactamente Vallejo
– “El Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric”.
– “Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”.
– “Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña”.
– “La verdadera prioridad de este Gobierno no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica”.
La respuesta de Arrau en defensa de la continuidad
– “Lo primero es que exista una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia”.
– “Es bien indudable que el presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente”.
El cruce de declaraciones desnuda una tensión clásica de la gestión pública: la convivencia entre continuidad institucional y sello propio de cada gobierno. Mientras la oposición busca evidenciar una ausencia de plan, el Ejecutivo reivindica la validez de una política de largo plazo como base para desplegar sus propuestas. En el centro del debate permanece la expectativa ciudadana por medidas concretas y resultados verificables, así como la promesa oficial de traducir su enfoque en acciones operativas bajo la nueva institucionalidad de seguridad. La discusión se moverá, en adelante, entre la consistencia del discurso y la eficacia de la implementación.
