El Gobierno de Chile ejecutó un nuevo operativo de expulsión de extranjeros, el tercero en un lapso de 40 días, con la salida del país de 80 ciudadanos de nacionalidad colombiana y boliviana. La acción, que combinó medidas administrativas y judiciales, se enmarca en la estrategia oficial para reforzar el control migratorio, acelerar los procedimientos vinculados a permanencia irregular y enfrentar delitos asociados. Según detallaron las autoridades, 32 de los expulsados registraban antecedentes policiales y mantenían órdenes vigentes por diversos ilícitos cometidos en Chile.
Operativo en cifras: tercer procedimiento en 40 días
De acuerdo con la información oficial, del total de 80 personas expulsadas, 20 correspondieron a expulsiones administrativas y 60 a expulsiones judiciales dictadas por tribunales. El procedimiento se inserta en un calendario de acciones que buscan dar mayor celeridad a los procesos, evitar la reentrada irregular y resguardar el cumplimiento de resoluciones. En esta oportunidad, las autoridades confirmaron que entre los expulsados figuraba un ciudadano colombiano condenado por un homicidio ocurrido en 2015 en territorio nacional, causa que en su momento tuvo amplio impacto público. La ejecución combinada de expulsiones administrativas y judiciales apunta a ejecutar fallos pendientes y a resolver casos de permanencia irregular con mayor oportunidad.
Traslado aéreo: escala en Iquique y rutas de retorno
El grupo fue trasladado mediante una aerolínea privada en un operativo que incluyó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, en la ciudad de Iquique. Tras ese paso, la aeronave continuó su itinerario hacia Bolivia y finalizó el recorrido en Colombia, conforme a las rutas definidas para concretar las expulsiones según nacionalidad. Este esquema de traslado busca ordenar las salidas y asegurar que las personas sean derivadas a los puntos de destino establecidos por las resoluciones, siguiendo protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional.
Autoridades y procedimiento: identidad y control
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la presencia del condenado por homicidio entre los expulsados, subrayando la relevancia de concretar este tipo de medidas en casos de alto impacto. En paralelo, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), prefecto inspector Ernesto León, precisó que la legislación vigente permite mantener retenidas a personas hasta por cinco días en recintos policiales con el fin de verificar plenamente su identidad. Este mecanismo, explicó, busca evitar errores en procesos de expulsión y garantizar el correcto cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales. La verificación de identidad opera como una barrera de control clave para la ejecución adecuada de cada caso y la prevención de inconsistencias documentales o procedimentales.
Balance de 2026: expulsiones y salidas voluntarias
El director del Servicio Nacional de Migración, Frank Sauerbaum, informó que durante 2026 se contabilizan 780 expulsiones ejecutadas. En paralelo, el plan migratorio del Ejecutivo registra la salida total de 3.229 personas, cifra que incluye expulsiones y procesos de abandono voluntario. De ese total, 2.446 corresponden a salidas voluntarias, mientras que el resto se relaciona con procedimientos administrativos y judiciales. El desglose evidencia la coexistencia de distintas vías de salida del país, en línea con las herramientas disponibles en la legislación y con el itinerario operativo que el Gobierno ha venido implementando para enfrentar la permanencia irregular.
Agenda legislativa: cambios propuestos a la Ley de Migraciones
Junto con los operativos, el Ejecutivo impulsa modificaciones a la Ley de Migraciones orientadas a agilizar expulsiones y a fortalecer el control. El paquete propuesto contempla, entre otros aspectos, la implementación de control biométrico, la restricción de beneficios sociales para residentes en situación irregular y la obligación de que entidades estatales reporten casos de irregularidad migratoria. En este marco, el debate migratorio se mantiene como uno de los ejes de la discusión sobre seguridad y política pública en Chile, impulsado por el aumento de ingresos irregulares y por la presión ciudadana para reforzar la gestión fronteriza y los procesos de expulsión. Según ha sostenido el Gobierno, las medidas en curso forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública, mejorar el control territorial y regularizar el sistema migratorio.
Contexto y foco en la ejecución
La concreción del tercer operativo en 40 días refleja un énfasis sostenido en la ejecutabilidad de las decisiones administrativas y judiciales. La combinación de salidas administrativas con sentencias judiciales busca evitar acumulaciones de casos y disminuir la fricción en etapas críticas del procedimiento, como la verificación de identidad, la custodia previa y el embarque. La coordinación logística —incluida la escala en Iquique— es parte del engranaje destinado a asegurar que cada expulsión se realice conforme a los estándares definidos por las autoridades competentes. En paralelo, la lectura de cifras anuales y acumuladas sirve para dimensionar el alcance de la política y sus efectos sobre la composición del flujo migratorio en el corto plazo.
Puntos clave del operativo reciente
- 80 personas expulsadas, de nacionalidad colombiana y boliviana.
- 20 expulsiones administrativas y 60 judiciales dictadas por tribunales.
- 32 con antecedentes policiales y órdenes vigentes por distintos delitos.
- Traslado vía aerolínea privada, con escala en Iquique, y continuidad a Bolivia y Colombia.
- Incluye a un ciudadano colombiano condenado por homicidio ocurrido en 2015 en Chile.
Cifras del plan migratorio en 2026
- 780 expulsiones ejecutadas durante el año 2026.
- 3.229 salidas totales consideradas en el plan, entre expulsiones y abandonos voluntarios.
- 2.446 abandonos voluntarios del país; el resto corresponde a procedimientos administrativos y judiciales.
- Reforma en trámite para agilizar expulsiones y reforzar el control con biometría, restricciones a beneficios y deber de reporte por parte de entidades estatales.
El avance de operativos y cambios normativos confirma que la gestión migratoria ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. La interacción entre procedimientos administrativos, decisiones judiciales y ajustes legales en curso perfila un escenario en el que la celeridad, la verificación de identidad y la coordinación institucional se vuelven determinantes para el cumplimiento de las resoluciones. En este contexto, el Gobierno insiste en una estrategia integral que busca equilibrar control, seguridad y regularización, mientras el debate social y político mantiene la migración como uno de los principales focos de atención en el país.
