El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó este viernes la controversia generada por el almuerzo realizado con excompañeros universitarios en el Palacio de La Moneda, en medio de cuestionamientos por un eventual uso de recursos públicos. Afirmó que la Contraloría General de la República ya inició diligencias, que su administración ha respondido a los requerimientos de fiscalización y que no hubo financiamiento público en la actividad, salvo por el servicio involucrado. También se refirió al debate por los gastos vinculados a la Oficina del Presidente Electo (OPE), defendiendo que los recursos utilizados se ajustan a prácticas de administraciones anteriores y detallando que están siendo revisados pagos efectuados entre enero y marzo de 2026.
Contraloría activa fiscalización y el Ejecutivo entrega antecedentes
Kast confirmó que la Contraloría se apersonó recientemente para recabar información vinculada a los hechos en cuestión y que el Gobierno contestó los requerimientos formales cursados por el órgano fiscalizador. “Respecto de la Contraloría, sí, vino el día de ayer. Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”, señaló el mandatario.
Según indicó, su administración puso a disposición los antecedentes solicitados, con la expectativa de que la autoridad competente emita pronto una resolución sobre el caso. “Esperamos que prontamente la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine”, afirmó, subrayando que el proceso de verificación se desarrolla a partir de información oficial proporcionada por el Ejecutivo.
Contenido de la documentación: casino, actividades de la Primera Dama y cóctel
El Presidente detalló que, en el marco de las diligencias de fiscalización, se remitió información relativa al uso del casino del palacio, a actividades que involucraron a su esposa, la Primera Dama María Pía Adriasola, y a un cóctel asociado a la misma jornada en que se realizó el almuerzo. Estos antecedentes —dijo— forman parte del conjunto de elementos que la Contraloría está revisando para evaluar si se ajustaron a la normativa y a los estándares administrativos.
Al enfatizar la amplitud de lo remitido, Kast recalcó que el objetivo es que la entidad cuente con todos los insumos necesarios para precisar el alcance de los gastos, las autorizaciones y las responsabilidades administrativas, si correspondieran. El Ejecutivo, añadió, se encuentra a la espera del pronunciamiento, que considera clave para zanjar los cuestionamientos.
Almuerzo con excompañeros en La Moneda: “no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”
Uno de los puntos más controvertidos es el almuerzo con excompañeros universitarios realizado en dependencias del Palacio de La Moneda. El Presidente sostuvo que no se utilizaron recursos públicos en la actividad. “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”, precisó.
Asimismo, defendió que otras actividades desarrolladas en la sede de Gobierno no implicaron gasto fiscal. Con ello, el mandatario buscó acotar el debate al componente de servicio mencionado y a la documentación ya remitida a la instancia fiscalizadora. La definición sobre si hubo o no eventuales infracciones —recalcó— deberá provenir del dictamen que emita la Contraloría una vez concluidas sus diligencias.
OPE bajo la lupa: continuidad con prácticas anteriores y revisión de pagos
El mandatario también respondió a críticas por el funcionamiento de la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE). En su versión, los recursos utilizados se ajustan a prácticas de administraciones anteriores, en línea con la preparación de la instalación de gobierno y la coordinación de equipos antes del cambio de mando.
La fiscalización en curso —explicó— incluye la revisión de pagos realizados entre enero y marzo de 2026, período vinculado al proceso de instalación. Kast sostuvo que el uso de recursos en la etapa previa al inicio de su mandato ha sido similar en distintos gobiernos. Para ilustrar esa continuidad, comparó la envergadura de los equipos participantes: en administraciones anteriores como las de Sebastián Piñera y Gabriel Boric participaron cerca de 20 personas, mientras que en su caso fueron aproximadamente 10.
Con estas referencias, el Presidente buscó situar la discusión en un marco de continuidad institucional, insistiendo en que la revisión de la Contraloría permitirá clarificar las decisiones administrativas adoptadas en el período de transición y su correspondencia con prácticas previas.
Alcance de la investigación y tiempos del dictamen
Mientras avanza la fiscalización, el Gobierno mantiene la postura de colaborar con la instancia y de entregar todos los antecedentes complementarios que se soliciten. De acuerdo con lo señalado por el mandatario, el expediente contiene información sobre espacios utilizados, actividades realizadas, servicios involucrados y la integración de equipos asociados a la etapa de instalación.
En este escenario, el Ejecutivo espera que el pronunciamiento del órgano fiscalizador aporte certezas sobre el uso de instalaciones públicas y la naturaleza de los gastos asociados a las actividades observadas. La expectativa oficial, reiterada por el Presidente, es contar con una definición “prontamente”, habilitando así una respuesta institucional a los cuestionamientos y estableciendo, de ser necesario, eventuales medidas administrativas.
Un debate centrado en el uso de instalaciones y servicios
El caso ha puesto en primer plano el uso de espacios como el casino del palacio y las condiciones bajo las cuales se organizaron un cóctel y el almuerzo con excompañeros universitarios. En ese punto, Kast reiteró que no hubo financiamiento público en el almuerzo, salvo por el servicio, y que otras actividades no generaron gasto fiscal. La evaluación final sobre esta materia —subrayó— será definida por la Contraloría, que “vino el día de ayer” y ya cuenta con la documentación remitida.
El énfasis del Gobierno en la trazabilidad de lo actuado apunta a despejar dudas y a establecer con precisión qué conceptos fueron cubiertos, en qué condiciones y con qué justificaciones administrativas. Al mismo tiempo, el alcance de la revisión sobre la OPE y los pagos del período de transición entre enero y marzo de 2026 busca ordenar el registro de servicios, participantes y procedimientos, con el precedente de experiencias de instalación comparables en distintas administraciones.
Reflexión informativa final: La controversia enfrenta dos planos complementarios: por un lado, la verificación específica sobre el almuerzo en La Moneda y actividades conexas; por otro, la revisión de la OPE en la etapa de instalación. En ambos, el Gobierno se ampara en la entrega íntegra de antecedentes y en la continuidad de prácticas previas, mientras que la última palabra la tendrá el dictamen de la Contraloría. El resultado de esa evaluación será determinante para fijar estándares claros sobre el uso de instalaciones y servicios en eventos oficiales y preinstalación, y para orientar, hacia adelante, los criterios administrativos en momentos de alta exposición pública.
Lo dicho por el Presidente
– “Respecto de la Contraloría, sí, vino el día de ayer. Le hemos contestado todos los oficios de fiscalización”.
– “Esperamos que prontamente la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine”.
– “En el tema del almuerzo no hubo financiamiento público, salvo por el servicio”.
Puntos centrales en revisión
– Documentación sobre uso del casino del palacio, actividades que involucraron a la Primera Dama María Pía Adriasola, un cóctel y el almuerzo con excompañeros universitarios.
– Fiscalización de la OPE, incluyendo pagos efectuados entre enero y marzo de 2026, en un marco que —según el Ejecutivo— replica prácticas de administraciones anteriores.
– Comparación de equipos: en periodos previos habrían participado cerca de 20 personas, mientras que en el caso actual fueron aproximadamente 10, según explicó el mandatario.
