La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó este martes una acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y dio por cerrada una de las indagatorias por corrupción municipal de mayor relevancia en los últimos años. La exautoridad arriesga penas que superan los 23 años de cárcel si el tribunal la declara culpable en el eventual juicio oral, en una causa que incluye cargos por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Durante la investigación, Barriga estuvo sometida a prisión preventiva por varios meses.
Acusación formal y cierre de la fase investigativa
Con la presentación de la acusación, el Ministerio Público declaró finalizada la etapa investigativa. La jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, confirmó que el caso pasa a la siguiente fase: la fijación por parte del tribunal de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de las pruebas que cada parte busca incorporar. Este paso procesal marca el tránsito desde la recolección de antecedentes hacia el escrutinio judicial de los elementos que podrán ser ponderados en el juicio.
En su presentación, la Fiscalía solicitó expresamente la apertura del juicio oral y adelantó que pedirá penas diferenciadas por cada delito imputado. El escrito acusatorio, además de detallar los hechos, ordena el itinerario probatorio y las sanciones que, a juicio del ente persecutor, resultan proporcionales a la gravedad de la conducta atribuida a la exalcaldesa.
Cargos imputados y penas solicitadas por el Ministerio Público
El catálogo de delitos que, según la Fiscalía, se habrían cometido durante la gestión de Cathy Barriga al frente del municipio, contempla sanciones privativas de libertad y medidas accesorias. En concreto, el ente persecutor solicitó:
- 10 años y 1 día de presidio mayor por fraude al fisco.
- 7 años de presidio mayor por falsificación y uso de instrumento público falsificado.
- 5 años y 1 día por malversación reiterada de caudales públicos.
- 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.
A las penas de cárcel se suman multas económicas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, medidas que buscan impedir un eventual retorno a la función pública en caso de condena. La combinación de sanciones refleja la pretensión punitiva del Ministerio Público frente a hechos que, de acreditarse, habrían comprometido caudales y documentos del municipio.
Origen de la causa y eje del presunto fraude
La acusación se sustenta en antecedentes reunidos por la Fiscalía tras la denuncia de la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Tomás Vodanovic (RD). La investigación se activó cuando el municipio informó que la gestión de Barriga, vinculada a Chile Vamos, habría dejado un déficit financiero superior a los $31 mil millones. Este presunto desbalance presupuestario se perfila como uno de los ejes centrales de la imputación por fraude al fisco.
De acuerdo con el relato fiscal, la magnitud del déficit denunciado y su eventual vinculación con decisiones administrativas adoptadas en la gestión de la exautoridad municipal constituyen el núcleo del caso. La indagatoria ha buscado determinar el alcance de las responsabilidades penales, así como la eventual concurrencia de malversación reiterada y falsificación de instrumento público, cuando correspondiere a la emisión o uso de documentos que no reflejarían la realidad administrativa.
La posición de la defensa y la solicitud de reapertura
Tras conocerse la acusación, el abogado defensor Cristóbal Bonacic anunció que pedirá la reapertura de la investigación. A su juicio, el Ministerio Público habría negado diligencias clave que, sostiene, permitirían demostrar la inexistencia del déficit financiero que articula la acusación. “El ente persecutor tiene claro que el déficit no existe, pero ha rechazado diligencias esenciales para sostener una imputación que consideramos artificial”, afirmó el defensor, quien además indicó que aún no ha tenido acceso formal al contenido íntegro del escrito acusatorio.
El anuncio de la defensa instala un nuevo punto de tensión en el itinerario procesal, pues su pretensión de reabrir diligencias apunta a incorporar elementos que, según esa parte, resultarían determinantes. Será el tribunal quien, en su momento, evalúe la pertinencia de esa solicitud, considerando el principio de exhaustividad de la investigación y el equilibrio entre el derecho a defensa y el avance del proceso hacia el juicio.
Implicancias institucionales y alcance de las inhabilitaciones
Más allá de las penas de cárcel solicitadas, la acusación contempla inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y multas económicas. Estas medidas, en caso de condena, inciden directamente en la relación entre probidad y función pública, pues buscan impedir que eventuales conductas sancionadas penalmente reaparezcan en la administración estatal. En términos institucionales, el caso refuerza el rol de control entre órganos municipales y persecutores, considerando que los antecedentes surgieron a partir de una denuncia del propio municipio.
El énfasis en la falsificación de instrumento público y la malversación de caudales da cuenta de la sensibilidad penal respecto del uso y resguardo de documentos oficiales y fondos públicos. La eventual acreditación de estos ilícitos en juicio —o su desestimación, según sostienen los descargos de la defensa— tendrá consecuencias jurídicas y políticas relevantes para el municipio y para las prácticas de gestión local.
Próximos pasos: preparación del juicio y debate probatorio
Con la acusación ingresada, corresponde al tribunal fijar la audiencia de preparación de juicio oral. En esa instancia, además de discutirse la admisibilidad de la prueba, se ordenará el desarrollo del futuro juicio en torno a los hechos y pruebas que superen el filtro de pertinencia y legalidad. La Fiscalía ha pedido la apertura del juicio oral y delineó sus solicitudes punitivas; la defensa, por su parte, buscará abrir un periodo adicional de diligencias. El resultado de estos movimientos definirá el alcance del material que finalmente conocerán los jueces orales.
El tránsito hacia la etapa de juicio conlleva una definición sobre qué documentos, peritajes y testimonios integrarán el debate principal. Dado que el presunto déficit superior a los $31 mil millones es uno de los pilares del caso, la controversia en torno a su existencia o inexistencia —según la defensa— previsiblemente ocupará un lugar central en la discusión probatoria.
La acusación contra Cathy Barriga constituye un hito en una causa seguida de cerca a nivel municipal y nacional, por el impacto que tendría una eventual condena en materia de probidad y uso de fondos públicos. Mientras la Fiscalía sostiene que los antecedentes recabados habilitan pedir penas que superan los 23 años, la defensa anticipa que insistirá en su teoría de la inexistencia del déficit y en la práctica de diligencias que afirma fueron injustificadamente descartadas. En el corto plazo, el foco estará puesto en la audiencia de preparación, donde se resolverá el perímetro del juicio: qué se discutirá, con qué pruebas y bajo qué criterios de admisibilidad. De ese filtro dependerá la fuerza con la que cada narrativa —la fiscal y la defensiva— llegue al tribunal oral.
Puntos clave del caso
- Acusación formal presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente contra Cathy Barriga.
- Delitos imputados: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
- Penas solicitadas: 10 años y 1 día; 7 años; 5 años y 1 día; y 541 días, según cada cargo.
- Medidas accesorias: multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
- Origen de la causa: denuncia de la administración municipal encabezada por Tomás Vodanovic (RD), por un presunto déficit superior a $31 mil millones.
- Defensa: solicitud de reapertura por diligencias negadas y afirmación de inexistencia del déficit.
Calendario procesal inmediato
- El tribunal deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral.
- En esa instancia se debatirá la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes.
- La defensa anunció que pedirá la reapertura de la investigación antes del paso al juicio.
- Si el tribunal admite la acusación y la prueba, se avanzará hacia la apertura del juicio oral.
