Una revisión administrativa de rutina terminó por destapar una irregularidad millonaria en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Un funcionario recién incorporado al área de remuneraciones detectó un error sostenido en el cálculo de sueldos que, acumulado en el tiempo, derivó en pagos indebidos por aproximadamente $312 millones con cargo al fisco. La detección abrió una cadena de verificaciones internas, devoluciones de dineros y un sumario aún en curso, que hoy alcanza tanto a autoridades del nivel central como a regiones.
Cómo se destapó el error: un cambio de subsecretaría encendió las alertas
El hallazgo se produjo en el contexto del cambio de subsecretaría ocurrido en marzo del año pasado, cuando el Presidente Gabriel Boric reemplazó a Luz Vidal por Claudia Donaire. En los trámites administrativos de salida, la revisión de la remuneración de la exsubsecretaria —quien debía reintegrar un día de sueldo— dejó al descubierto una inconsistencia. El nuevo encargado de remuneraciones advirtió una mala aplicación de la Ley N°21.599, que regula el reajuste general del sector público. Esa alerta motivó una auditoría interna acotada, que pronto escaló a una revisión más amplia de las liquidaciones de autoridades en ejercicio y de administraciones anteriores.
La raíz de la inconsistencia: reforma de 2020 y reajustes mal aplicados
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el origen del problema se remonta a la reforma constitucional de 2020, que redujo y congeló los sueldos de las más altas autoridades del país. A partir de entonces, los reajustes posteriores debían calcularse con criterios específicos. Sin embargo, el proceso en el ministerio se ejecutó de forma errónea, y los incrementos se aplicaron por sobre lo permitido, afectando a autoridades nacionales entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. La combinación entre una norma compleja, la inercia de procedimientos y fallas de verificación abrió una brecha que se mantuvo invisible durante años.
Devoluciones y montos: la reparación comenzó por la cúpula
Confirmada la irregularidad, el ministerio activó un plan de acción inmediato para cuantificar los pagos indebidos y exigir su reintegro. Entre las autoridades que restituyeron recursos figuran la ministra Antonia Orellana —quien devolvió más de $12 millones— y la exsubsecretaria Luz Vidal —con un reintegro cercano a $13 millones—, procesos concretados en abril del año pasado. Las devoluciones se realizaron por el monto bruto recibido, es decir, incluyendo cotizaciones previsionales y de salud. Con ello, el Estado deberá gestionar posteriormente la recuperación de esos recursos desde AFP e isapres, un trámite administrativo que se encuentra en desarrollo.
El alcance regional: 42 seremis y cinco autoridades nacionales implicadas
La subsecretaria Claudia Donaire ordenó profundizar el análisis mediante una consultoría externa especializada. Ese ejercicio amplió el mapa del problema más allá del nivel central: el diagnóstico corroboró que la misma falla afectó a autoridades regionales. En total, 42 seremis y cinco autoridades nacionales recibieron remuneraciones mal reajustadas entre 2020 y 2025. Frente a ello, el ministerio dictó resoluciones exigiendo la devolución de los dineros, con el fin de resguardar el erario y cerrar progresivamente las diferencias detectadas.
Auditorías que no vieron el problema y un segundo error acotado
La trazabilidad del caso dejó al desnudo deficiencias en los mecanismos de control. Incluso auditorías internas realizadas en 2021 y 2025 no lograron detectar la inconsistencia principal. En paralelo, la investigación identificó un segundo error, de menor cuantía, que involucró a exautoridades como las exsubsecretarias Carolina Cuevas y María José Abud, además de la exministra Mónica Zalaquett. En estos casos, los pagos en exceso fluctuaron entre $260 mil y $400 mil, montos que también quedaron sujetos a reintegro conforme a los procedimientos establecidos.
Sumario en curso y reforzamiento de controles
Junto con ordenar las restituciones, el ministerio ajustó sus procedimientos internos y en abril inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, diligencia que fue ampliada en junio y que sigue en curso. La cartera ha señalado que se han reforzado los controles administrativos y se han adoptado nuevas medidas para evitar que hechos similares se repitan. Asimismo, recalcó su compromiso institucional con la probidad y el correcto uso de fondos públicos, al tiempo que avanza el proceso de recuperación de los recursos involucrados y se monitorea el cumplimiento de las resoluciones de reintegro.
Datos clave del caso
El error en los reajustes de remuneraciones derivó en pagos indebidos por aproximadamente $312 millones. Entre los montos ya restituidos se cuentan más de $12 millones por parte de la ministra Antonia Orellana y cerca de $13 millones de la exsubsecretaria Luz Vidal. La anomalía principal se vincula a la mala aplicación de la Ley N°21.599 tras la reforma constitucional de 2020, con efectos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. Una revisión ampliada detectó impacto en 42 seremis y cinco autoridades nacionales, además de un segundo error acotado con pagos en exceso entre $260 mil y $400 mil.
Qué está en marcha
El ministerio ejecuta la recuperación de montos brutos y la posterior gestión ante AFP e isapres por las cotizaciones incluidas. El sumario administrativo iniciado en abril y ampliado en junio sigue vigente, mientras se refuerzan controles y ajustan procedimientos. También se emitieron resoluciones para exigir reintegros a autoridades del nivel central y regional. La subsecretaría impulsó una consultoría externa que permitió dimensionar el alcance territorial de la falla y orientar correcciones operativas.
La detección de esta irregularidad millonaria expone una cadena de fallas técnicas y de control que trascendió administraciones y niveles jerárquicos. La restitución de fondos, el sumario en curso y el reforzamiento de procedimientos buscan restituir la normalidad y fijar un estándar de cumplimiento que impida nuevas distorsiones. El desafío para la cartera será sostener con consistencia los controles internos y asegurar la trazabilidad de cada etapa del proceso remuneracional, de modo que el sistema responda con oportunidad y precisión ante marcos normativos complejos y en evolución.
