La controversia por la contratación de la abogada Jessica Tapia Carvajal en el Ministerio de Defensa abrió un nuevo flanco político en la antesala del cambio de mando. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió públicamente la decisión adoptada por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, frente a cuestionamientos de parlamentarios de oposición que la interpretaron como un “amarre” previo a la llegada de una nueva administración. La autoridad sostuvo que el Ejecutivo conserva plenamente sus atribuciones hasta el fin del período presidencial y remarcó que el nombramiento respondió a un proceso regular de selección con evaluación externa.
Designación en Defensa y detalles del cargo
La polémica se originó tras la decisión de Galo Eidelstein de designar a Jessica Tapia Carvajal como jefa del Departamento de Estudios y Análisis del Ministerio de Defensa. Se trata de un cargo de planta grado 5° con una remuneración bruta superior a $4,5 millones. La naturaleza del puesto —de carácter de planta— y el mecanismo de acceso —mediante concurso— fueron elementos subrayados por el Gobierno para desestimar las acusaciones de la oposición, que interpretó el movimiento como parte de una estrategia política en el tramo final del mandato.
En el centro del debate está el alcance de las decisiones administrativas en los días previos al término del período presidencial. Mientras los críticos cuestionan la oportunidad del nombramiento, la administración enfatiza la continuidad del funcionamiento del Estado y la legalidad de los procedimientos utilizados en la provisión del cargo.
Vallejo: el Ejecutivo mantiene sus atribuciones hasta el término del mandato
Interrogada por las críticas, Camila Vallejo afirmó que el Gobierno no solo puede, sino que debe seguir tomando decisiones hasta el último día del período. “El Gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes”, señaló, destacando que la gestión pública exige mantener la ejecución de políticas y la operatividad de las instituciones sin interrupciones.
La vocera recordó que la continuidad administrativa es parte esencial de la labor del Ejecutivo y que no corresponde detener designaciones o procesos de selección que se enmarcan en las atribuciones vigentes, aun en medio de la transición. En su visión, la noción de un “amarre” distorsiona el ejercicio regular de las competencias estatales.
Diferencia entre cargos de confianza y cargos de planta
Para ordenar el debate, Vallejo puso especial énfasis en distinguir entre los cargos de confianza —que cambian con el gobierno— y los cargos de planta, que se proveen mediante procesos concursables. “La instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara: los cargos de confianza se van el 11 de marzo”, precisó.
El señalamiento busca establecer un criterio nítido: mientras los puestos de confianza política se renuevan con cada administración, los cargos de planta obedecen a procedimientos formales y evalúan perfiles profesionales en función de requisitos previamente establecidos. Bajo esa premisa, el nombramiento cuestionado se enmarca —según el Ejecutivo— en un proceso regular y no en una designación discrecional sujeta a la lógica de la rotación política.
Proceso de selección: concurso público y evaluación externa
La vocera de Gobierno insistió en que, en este caso, se trató de un mecanismo abierto y evaluado por terceros. “Estos sistemas son concursos públicos y, en particular en este caso, ha habido un headhunter que evalúa perfiles”, explicó. La alusión a una empresa externa para la evaluación de candidaturas apunta a reforzar la legitimidad del procedimiento y a blindarlo frente a posibles reproches de favoritismo o discrecionalidad.
De acuerdo con lo sostenido por Vallejo, el uso de herramientas de búsqueda y evaluación externa opera como garantía de objetividad y como un estándar asociado a buenas prácticas de selección en el sector público. La participación de un tercero en la evaluación de perfiles pretende, en ese sentido, acotar la sospecha de injerencia política en la provisión del cargo.
Críticas de la oposición y acusaciones de “amarres”
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), los diputados Flor Weisse y Omar Sabat criticaron la decisión y la asociaron a un supuesto intento del Partido Comunista de Chile de “instalar operadores políticos” en áreas sensibles vinculadas a la defensa nacional. La utilización del término “amarres” por parte de sectores opositores buscó poner en entredicho la neutralidad del proceso y cuestionar la oportunidad del nombramiento en vísperas del recambio de autoridades.
Estas críticas encendieron el debate político en torno a los límites y responsabilidades del Ejecutivo durante la transición. Al mismo tiempo, reavivaron una discusión habitual en los cierres de período: hasta qué punto las designaciones de planta —amparadas en concursos— deben seguir su curso en los días previos al traspaso del poder, o si debieran posponerse para evitar suspicacias.
Respuesta del Gobierno a las críticas y continuidad del Estado
La vocera respondió con dureza al uso del concepto de “amarres”, reprochando lo que interpretó como una intención de paralizar la gestión en su tramo final. “¿Qué quieren? ¿Que el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado?”, planteó. En sintonía, insistió en que la actual administración continuará ejerciendo sus funciones “hasta el último día de gobierno”, preservando la normalidad institucional y la implementación de políticas públicas comprometidas.
El Gobierno remarcó, además, que la frontera entre cargos de confianza y de planta es crucial para comprender el alcance real de estas decisiones. Mientras la primera categoría cambia con la administración entrante, la segunda aspira a resguardar continuidad técnica y profesional, independientemente del ciclo político.
Frases clave de la jornada
“El Gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes”, afirmó la ministra vocera de Gobierno, subrayando la vigencia de las atribuciones del Ejecutivo durante toda la transición.
“La instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara: los cargos de confianza se van el 11 de marzo”, puntualizó, al diferenciar entre puestos de confianza política y cargos de planta.
“Estos sistemas son concursos públicos y, en particular en este caso, ha habido un headhunter que evalúa perfiles”, añadió para respaldar la regularidad del proceso de selección.
“¿Qué quieren? ¿Que el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado?”, respondió a quienes hablaban de “amarres”.
Contexto inmediato: cambio de mando del 11 de marzo
La discusión ocurre en medio de las definiciones previas al cambio de mando presidencial, previsto para el 11 de marzo, cuando asumirá una nueva administración. En este marco, el Ejecutivo recalcó que continuará con sus funciones hasta el término del mandato, y la oposición mantuvo sus reparos respecto de designaciones en áreas sensibles durante la transición.
Reflexión informativa final: El caso pone en relieve una tensión recurrente en las transiciones presidenciales: cómo compatibilizar la continuidad del Estado con las suspicacias políticas sobre designaciones en el epílogo de un gobierno. Las definiciones ofrecidas por el Ejecutivo —en particular, la distinción entre cargos de confianza y de planta, y la validación de concursos con evaluación externa— buscan asentar un criterio de regularidad y profesionalización. Del otro lado, la oposición enmarca sus críticas en el control del uso de las atribuciones y en la prevención de eventuales “amarres”. En un calendario que avanza hacia el 11 de marzo, el debate se ordena precisamente en esa frontera: la preservación de las capacidades institucionales y la demanda de prudencia en los nombramientos, con el telón de fondo de un recambio que exigirá continuidad operativa y claridad en los procedimientos.
