A poco más de una semana del devastador megaincendio que arrasó localidades como Lirquén y Punta de Parra en la Región del Biobío, el Senado de Chile aprobó de manera unánime la Ley de Incendios. Con 34 votos a favor y sin abstenciones, el proyecto avanza a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta decisión se produce en un contexto de intensas presiones del Ejecutivo para acelerar la tramitación normativa, en un tenso debate que involucró a figuras de alto perfil, como la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón.
Un cambio estructural en la gestión del riesgo
La Ley de Incendios, registrada como Boletín 16.335-14, tiene como principal objetivo modificar la gestión del riesgo en Chile, enfocándose en la planificación territorial. Este proyecto reconoce la “interfaz urbano-rural” como una zona de alto peligro, lo que limita la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios o productivos en estas áreas si no cumplen con estándares mínimos de seguridad.
Entre las nuevas normativas, se incluye la obligación de los propietarios de terrenos a construir cortafuegos y a manejar técnicamente la vegetación. Estas medidas buscan reducir el riesgo de incendios forestales, que han cobrado protagonismo en el país en distintos momentos del año.
Institucionalidad modernizada
Otro eje crucial de la ley es la modernización de la institucionalidad existente. Se proponen definiciones técnicas que refuercen las capacidades operativas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional Forestal (Senafor). La ley también plantea una coordinación más efectiva entre estos organismos y el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred) y el sector privado, con el objetivo de mejorar la mitigación de riesgos.
Un componente esencial del proyecto es el enfoque en la prevención a través de la educación comunitaria, incentivando la agroforestería y estableciendo regulaciones estrictas sobre el uso del fuego. Esto incluye patrullajes dirigidos para disuadir acciones intencionadas y nuevas facultades para investigar los siniestros, buscando así abordar la problemática desde diferentes ángulos.
Ordenamiento territorial resiliente
El senador Gastón Saavedra, representante de la Región del Biobío, calificó este avance legislativo como un instrumento fundamental para reordenar el territorio, haciendo hincapié en la necesidad de implementar “zonas de interfaz” que aseguren distancia de seguridad entre viviendas y áreas productivas. Saavedra advierte que la convivencia en estas zonas debe ser segura y armónica, desafiando la percepción de que los incendios son desastres naturales inevitables.
En este sentido, el senador exclamó: «No pueden estar los árboles en el living de las casas», una frase que refleja la urgencia de una planificación ordenada y efectiva. La Corporación Chilena de la Madera (Corma) también respalda esta visión, abogando por un equilibrio entre las áreas urbanas y rurales, reafirmando que la planificación territorial no debe dado a un excluyente enfoque que elimine la actividad forestal.
Corma sostiene que la planificación territorial debe ser una herramienta más dentro de una estrategia que contemple la convivencia segura en las interfaces rurales y urbanas, instando a no ver el desarrollo de una zona como enfrentado a la preservación de la otra.
Reconstrucción resiliente
En el contexto de la reciente crisis provocada por los incendios, Saavedra enfatizó la necesidad de aprovechar el proceso de levantamiento en las áreas afectadas para una “reconstrucción resiliente”. Propone que se integren planes de gestión de riesgo como condición indispensable, sugiriendo correcciones estructurales que abarquen desde el ancho de caminos hasta la densidad poblacional, asegurando que el nuevo diseño habitacional incorpore anillos de protección eficientes para enfrentar futuras emergencias.
En relación a las metodologías preventivas, Corma defendió la utilización del “fuego técnico” como una herramienta válida para el manejo controlado del combustible, instando a que sea evaluada objetivamente en lugar de basarse en criterios ideológicos.
Impacto en el sector forestal
El proyecto legislativo es recibido con optimismo por parte de Corma, que destaca que muchas de las exigencias técnicas que se estipulan son prácticas habituales en grandes empresas del sector. Sin embargo, advierten sobre el impacto financiero que la normativa podría acarrear para los pequeños y medianos propietarios forestales. “Es necesario que el Estado brinde apoyo económico a estos propietarios, quienes no tienen la capacidad financiera para implementar estas medidas sin asistencia”, afirmaron desde Corma, haciendo énfasis en el costo de ejecución y el costo de oportunidad que no ha sido adecuadamente considerado.
La industria forestal también ha solicitado un fortalecimiento de la capacidad operativa y judicial en el sistema, sugiriendo la habilitación de despliegues militares en zonas de alto riesgo, así como potenciar el combate a los incendios tanto de día como de noche, dado que gran parte de los siniestros inicia en horas de baja visibilidad.
Un camino hacia el futuro
El avance hacia una legislación más robusta en materia de incendios es crucial para enfrentar un desafío que ha cobrado cada vez más importancia en Chile, un país marcado por sus diversos ecosistemas y la interacción constante entre áreas urbanas y rurales. Desde la educación y la planificación territorial hasta la responsabilidad de los propietarios y la coordinación interinstitucional, la Ley de Incendios representa un esfuerzo integral que, además de atender la contingencia inmediata, busca mitigar los efectos adversos de los incendios en el futuro.
La comunidad, los organismos del Estado y el sector privado juegan un papel esencial en este proceso, y su colaboración será fundamental para construir un enfoque resiliente que permita no solo enfrentar las catástrofes, sino también prevenirlas y prepararse para los retos venideros.
