El sistema comunal chileno enfrenta una crisis financiera de carácter estructural que pone en riesgo el bienestar de miles de trabajadores y su futuro previsional. Una investigación exclusiva de DF Regiones ha revelado que 30 municipalidades y 22 corporaciones municipales acumulan obligaciones previsionales impagas que suman un total de $256 mil millones. Este monto corresponde a descuentos efectuados a los trabajadores que, a pesar de ser legalmente retenidos, nunca fueron traspasados a las AFP, Isapres o Fonasa. Más de 252 mil afiliados están en el limbo** debido a que estas cotizaciones no han sido abonadas a sus cuentas individuales, encontrándose en procesos de cobranza judicial o administrativa.
Ancud y La Serena: Las Municipalidades Más Endeudadas
La lista de entidades con mayores pasivos previsionales es encabezada por Ancud y La Serena, que en conjunto mantienen pasivos por $83.564 millones, equivalentes al 32,6% de la deuda total. En particular, el caso de Ancud es alarmante, ya que ha acumulado una deuda de $43.500 millones desde 2015. El alcalde de la comuna, Andrés Ojeda, ha expresado que la situación es insostenible con los recursos disponibles. «No existe posibilidad de hacernos cargo de esta deuda heredada sin paralizar servicios básicos,» advierte Ojeda. Con ingresos anuales cercanos a $15 mil millones, más del 90% se destina a gasto corriente, dejando poco margen para afrontar esta monumental deuda.
En La Serena, la situación ha escalado a un ámbito judicial. La actual administración, liderada por la alcaldesa Daniela Norambuena Borgheresi, atribuye el pasivo de $39.900 millones a administraciones previas y ha iniciado acciones judiciales contra exautoridades por apropiación indebida de cotizaciones. Aunque aseguran que están al día en varias áreas, el pasivo en educación sigue sin resolverse.
La Dimensión del Problema: Las Corporaciones Municipales
El mayor peso de este problema se concentra en las corporaciones municipales, que acumulan pasivos por $191.694 millones, un 75% del total adeudado. La deuda nominal de las corporaciones es de $22 mil millones, pero el monto que efectivamente deben liquidar asciende a casi nueve veces más, debido a recargos legales. Por ejemplo, en Villa Alegre, el incumplimiento ha crecido de manera preocupante, transformándose en exigible de $15 mil millones, mientras que en Máfil, la deuda original de 2004 se ha multiplicado por diez.
Los casos más críticos son claros: Municipalidad de Lota (Educación), con una deuda de $17.117 millones, y la Municipalidad de Villa Alegre, alcanzando los $15.410 millones. Esta situación genera un círculo vicioso que castiga tanto las finanzas locales como el futuro de los trabajadores que hoy no pueden jubilarse o enfrentarían pensiones muy bajas, en un sistema que debería garantizar su bienestar.
Un Grito de Alerta desde la ACHM
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), su vicepresidente, el alcalde Gustavo Toro Quintana, plantea que el incumplimiento previsional afecta una variedad de servicios del Estado, muchas veces como consecuencia de «administraciones irresponsables». Reconoce que aunque los municipios más pequeños operan con márgenes ajustados, esto no justifica el incumplimiento de las obligaciones previsionales. Enfatiza la urgencia de establecer “mecanismos más rigurosos de control”, así como la creación de un fondo específico para garantizar el cumplimiento de estos pagos fundamentales.
Silencio Institucional y Fragmentación de Responsabilidades
Uno de los problemas evidentes es el silencio institucional que refuerza este estado de cosas. La Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social, aunque cumplen funciones de fiscalización, no cuentan con atribuciones efectivas para corregir estructuralmente la moratoria de pagos. La Subdere ha admitido la ausencia de mecanismos preventivos y ha descrito a municipalidades y corporaciones como organismos autónomos.
Desde la Subsecretaría de Educación, se ha remarcado que no tienen facultades legales para exigir directamente el pago de cotizaciones, aunque existen mecanismos legales como la Ley 21.040 que permite pagar directamente cotizaciones adeudadas – un salvavidas que, sin embargo, no aborda la raíz del problema.
La Visión de Expertos: Un Pasivo Oculto
El economista y exsubdirector de la Dipres, Mauricio Villena, ha sintetizado el problema en tres fallas estructurales: responsabilidades difusas, controles a posteriori, y una aplicación tardía de sanciones. La deuda previsional comunal opera como un pasivo oculto en el sistema fiscal, postergando las obligaciones y trasladando el costo a todo el sector público. La Contraloría General de la República ha sido clara en que las obligaciones generadas antes del traspaso a los SLEP siguen siendo responsabilidad de las entidades originales, pero muchas veces las auditorías llegan tarde, cuando el pasivo ya se ha consolidado.
Reflexión Final
La crisis financiera que atraviesan las municipalidades chilenas y sus corporaciones no es solo un asunto de números. Detrás de cada cifra hay vidas, trabajadores que esperan una jubilación digna y un sistema que, en lugar de apoyarlos, los ha dejado en un estado de incertidumbre. El futuro del sistema previsional chileno está en juego, y las entidades gubernamentales deberán asumir su responsabilidad para romper este ciclo de incumplimientos antes de que sus efectos se traduzcan en un costo humano insostenible. Sin una intervención estratégica y urgente del Estado, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para el funcionamiento de las comunas, sino para los derechos previsionales de miles de trabajadores.
