El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha informado recientemente sobre las pensiones de gracia entregadas en el último tiempo, provocando una variedad de respuestas que van desde sugerencias hasta llamados a «transparentar» el sistema. Una estadística destacable es que el 44% de las pensiones otorgadas en 2023 no especifican el motivo de la decisión.
En una inspección realizada por la corporación al beneficio que otorga la Subsecretaría del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre enero de 2021 y febrero de 2024, se contabilizaron un total de 782 actos emitidos. Dentro de 175 actos correspondientes a 2023, se registraron 630 beneficiarios, de los cuales hay 278 (44%), en los que no se indica el criterio de asignación.
Bernardo Navarrete, el Presidente del CPLT, comentó sobre estos hallazgos, destacando que la falta de claridad en los criterios de otorgamiento dificulta la comprensión de estas decisiones y la posibilidad de realizar un análisis más profundo. Navarrete señala que sin una descripción explícita del criterio, no pueden determinar por qué se otorga este beneficio.
Esta situación ha generado una variedad de reacciones entre los diputados. Muchos concuerdan con que la atribución de otorgar pensiones de gracia recae en el Presidente, sin embargo, también hay quienes piden que se transparente la información. Algunos abordan el tema con cautela, mientras que otros ofrecen sugerencias.
El diputado Luis Cuello, jefe de bancada del PC, insiste en que, aunque la discrecionalidad del Ejecutivo es importante en este asunto, es igualmente crucial contar con información para un análisis público. Por su parte, Jaime Araya, jefe de la bancada IND-PPD, expresa la necesidad de una regulación legal y adecuada para el otorgamiento de las pensiones de gracia. Araya destacó la importancia de tener un sistema moderno de otorgamiento de estos beneficios y sugiere que el Gobierno priorice el proyecto de ley que regula este asunto.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), cuestiona la forma en que el presidente Boric ha utilizado las pensiones de gracia, alegando que han sido mal utilizadas y distorsionadas. Ossandón sostiene que las democracias modernas no pueden tolerar actos discrecionales sin reglas objetivas o razonables.
Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, sugiere que se necesita transparencia en el sistema y apoya un proyecto que exige que el Presidente justifique sus decisiones al otorgar pensiones de gracia. Desde la misma bancada, el diputado Henry Real critica al Gobierno por otorgar pensiones sin los fundamentos necesarios y sin explicaciones claras.
Marlene Pérez, diputada IND-UDI, espera que el Mandatario asuma su responsabilidad y revoque todas las pensiones que se otorgaron sin justificación. Por último, Stephan Schubert, jefe de bancada del Partido Republicano, califica la situación como «inaceptable». Schubert argumenta que todos los actos administrativos deben estar fundamentados y hace un llamado a una mayor transparencia y regulación.
Estas diversas reacciones reflejan la complejidad y la naturaleza polémica de las pensiones de gracia. La falta de transparencia y de criterios claros para su otorgamiento ha propiciado un debate en torno a la necesidad de una regulación más estricta y una mayor transparencia en el sistema. Con el 44% de las pensiones otorgadas en 2023 sin una razón clara, la presión para abordar esta cuestión probablemente continuará aumentando.
