La política chilena ha sido testigo de una creciente confrontación entre la diputada Ericka Ñanco, miembro del partido Revolución Democrática (RD), y el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas. El pasado jueves, Ñanco presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) en un intento de frenar la petición de desafuero en su contra por parte de Rivas. Este es el último desarrollo en una saga que comenzó a judicializarse en febrero, cuando Rivas presentó una querella por injurias contra Ñanco, seguida por una solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue recientemente rechazada.
La estrategia de Ñanco ante el TC, llevada a cabo por los abogados Felipe Berríos y Jaime Winter (hermano del diputado Gonzalo Winter), busca interrumpir el procedimiento hasta que el tribunal decida sobre su requerimiento. La argumentación se basa en la inconstitucionalidad del desafuero, ya que según ellos, solo se puede apelar al desafuero cuando la solicitud es acogida, nunca cuando es rechazada, como es el caso actual.
El enfrentamiento entre Ñanco y Rivas se originó a raíz del caso de los convenios, en el que Ñanco acusó a Rivas de corrupción en el Gobierno Regional a través de las transferencias de recursos a fundaciones. Sus declaraciones en el Congreso y en las redes sociales, en las que acusó a Rivas de desviar fondos hacia instituciones ligadas a él, han provocado la ira de Rivas, quien se siente injuriado.
Dicha confrontación escaló en noviembre de 2023, cuando Ñanco acusó directamente a Rivas en el Congreso. En un discurso, la diputada afirmó que la Araucanía era el lugar donde más se podía ver la corrupción, con transferencias de fondos hechas por Rivas hacia distintas instituciones con las que estaba directamente vinculado. Ñanco llegó a decir que Rivas había robado el dinero del gobierno o que estaba siendo investigado por un caso de corrupción.
Las acusaciones no se quedaron allí. En otro video publicado en sus redes sociales, Ñanco volvió a acusar a Rivas de corrupción, afirmando que la fiscalía estaba desmantelando una red de corrupción dentro del Gobierno Regional de La Araucanía, protegida por Rivas. Como respuesta, Rivas presentó su querella, argumentando que los ataques personales e infundados no debían manchar la democracia.
Después de la presentación de Rivas, en abril se realizaron los alegatos ante el pleno de la Corte de Valparaíso. Sin embargo, un mes después, la Corte rechazó por unanimidad la solicitud de desafuero, propinándole una derrota a Rivas. Lejos de desistir, Rivas intentó nuevamente en la Corte Suprema revertir la decisión. A fines del mes pasado, la solicitud fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La semana pasada, la defensa de Ñanco también presentó un recurso de reposición solicitando que se revocara dicha resolución. La defensa de Ñanco argumenta que la apelación de Rivas es inadmisible, ya que, según ellos, la Constitución solo permite apelar cuando se acoge la solicitud de desafuero en el tribunal de alzada, lo cual no ocurrió en este caso.
En este momento, tanto el tribunal de alzada porteño como la primera sala del TC están revisando las solicitudes de Ñanco y Rivas. La decisión que se tome podría sentar un precedente importante en términos de cómo se manejan los casos de desafuero en el futuro y cómo se interpretan los derechos y garantías constitucionales de los diputados en Chile.
