El 6 de junio de 2024, Olaf Scholz, el canciller alemán, generó titulares cuando anunció su disposición para deportar a los refugiados y solicitantes de asilo que cometan delitos graves en Alemania, incluso si sus países de origen son inseguros, como Siria o Afganistán. Esta noticia resulta ser una respuesta directa a la muerte de un agente de policía de 29 años a manos de un extremista afgano, hecho que ha generado un debate en todo el país sobre la política de asilo.
El agresor, que llegó a Alemania en 2013 como adolescente y solicitó asilo, tuvo su solicitud denegada en 2014. Sin embargo, no abandonó el país. Las autoridades emitieron una prohibición de deportación, posiblemente debido a la situación insegura en Afganistán y su corta edad. En una situación de tolerancia similar se encuentran decenas de miles de personas en Alemania.
«Me indigna cuando alguien que ha buscado protección aquí comete los delitos más graves. Estos delincuentes deben ser deportados, aunque procedan de Siria o Afganistán», declaró Scholz. El canciller se refería al ataque con cuchillo que tuvo lugar en la ciudad de Mannheim el pasado viernes, donde un afgano atacó a los participantes en un mitin y al agente de policía, que sucumbió a sus graves heridas el domingo.
Scholz continuó diciendo que el ataque fue «la expresión de una ideología misántropa, del islamismo radical. Sólo hay un término para esto: terror». El canciller alemán fue enfático en su postura de que los delincuentes graves y las amenazas terroristas no tienen lugar en Alemania. En estos casos, los intereses de seguridad de Alemania pesan más que el interés de protección del autor. Como resultado, el Ministerio del Interior está trabajando para permitir la deportación de criminales y personas peligrosas a Afganistán.
El anuncio de Scholz ha encontrado resistencia dentro de su propia coalición, especialmente del partido de los Verdes. Britta Haelmann, líder del grupo parlamentario, argumenta que Alemania no puede deportar a personas a países inseguros ya que violaría la promesa humanitaria de protección y, además, considera que la expulsión no es la mejor forma de combatir el islamismo.
En medio de este debate, el jefe de la oposición y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ha intervenido para pedir al gobierno que retrase la entrada en vigor de la nueva ley de naturalización, argumentando que la ley tiene muchos problemas que deben ser abordados antes de su implementación.
Además de los cambios en la política de asilo, Scholz también anunció que quería endurecer el derecho penal en los casos de agresiones a policías y servicios de emergencia. «Quien ataque por la espalda a mujeres y hombres que quieren ayudar y salvar vidas o los atraiga a emboscadas debe sentir todo el peso de la ley», declaró Scholz.
El canciller hizo referencia a los recientes ataques contra el diputado de la CDU, Roderich Kiesewetter, el candidato del SPD a las elecciones europeas, Matthias Ecke, y el candidato a concejal de Alternativa para Alemania (AfD), Heinrich Koch en Mannheim, entre otros. «No podemos, no queremos y no aceptaremos tales actos», afirmó Scholz.
En respuesta a estas declaraciones, la líder del grupo parlamentario de AfD, Alice Weidel, criticó la política migratoria de la coalición gobernante y sus gobiernos predecesores, calificándola de fracaso. Por tanto, Weidel ha pedido «un cambio fundamental en la política migratoria, y de inmediato». Para concluir, aunque la situación es complicada y las opiniones están divididas, el canciller alemán, Olaf Scholz, sigue comprometido con su postura en contra de los delitos graves cometidos por refugiados y solicitantes de asilo.
