El arquitectónico desafío de Ocean Reef Islands, un paraíso artificial de 190,000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Panamá, se ha convertido en un refugio para las opulentas fortunas de todo el mundo. Con vistas al Pacífico, helipuerto, marina privada y espacio para el atraque de yates, este lugar es un verdadero santuario de lujo. Mauricio Cort, un abogado de origen panameño-español, se hizo con dos áticos en este enclave exclusivo en 2013, pagando más de cuatro millones de dólares, según contratos y registros de transferencias a los que tuvo acceso EL PAÍS.
A sus 54 años, Cort ha construido un imperio en Panamá, con inversiones que incluyen centros comerciales, viviendas de lujo y proyectos urbanísticos de alto nivel. Cort presuntamente recibía sobornos de constructoras a cambio de adjudicaciones mientras sus inversiones en bienes raíces florecían. Tenía influencia en los gobiernos de Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador).
Graduado en Derecho y Ciencias Políticas y con un MBA por la Universidad de Valencia, Cort se caracteriza por su discreción. Presuntamente manejó dinero de maletines y constructoras a través de una complicada red de cuentas y sociedades pantalla en Panamá, Suiza y Andorra. Este esquema financiero operó entre 2010 y 2014.
En 2013, a través de la opaca sociedad panameña Fundación FCJJ, Cort adquirió un lote de 3.762 metros en el centro comercial Westland Los Pueblos, desembolsando tres millones de dólares, según un contrato de promesa de compraventa con la firma Desarrollo Oeste, SA. También participó en un proyecto inmobiliario en 2013, invirtiendo seis millones en un terreno de 4,000 metros valorado en 12 millones.
Cort también compró dos inmuebles en la Torre Star Bay, un edificio de más de 60 pisos con hotel de cinco estrellas y casino, por 1,2 millones en 2013. Además, invirtió en la Isla Pedro González, parte del archipiélago Las Perlas en el golfo de Panamá, pagando 500,000 dólares en 2012 para participar en un proyecto que planeaba desarrollar «76 unidades inmobiliarias».
Cort también firmó un acuerdo en 2010 para adquirir un apartamento de 220,000 dólares en el distrito panameño de Bella Vista, a través de su sociedad instrumental Camino del Rey. Esta sociedad es parte de la maraña financiera de Cort, que también controla la Fundación Glock panameña, donde desde 2011 sus dos hijos figuran como beneficiarios en caso de fallecimiento.
Las operaciones financieras de Cort en Andorra, donde manejó cuatro cuentas entre 2010 y 2013 que captaron más de siete millones de dólares, presentan importantes lagunas. Por ejemplo, una transferencia de un millón de dólares que Cort ordenó desde una entidad financiera andorrana para comprar un lote de apartamentos en Panamá terminó en Jayland Consultants, una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
Cort también tuvo relación con FCC, una constructora española que supuestamente pagó 40 millones en comisiones para ganar licitaciones en Panamá entre 2010 y 2014. FCC consiguió siete adjudicaciones por 434 millones de dólares después de contratar a Cort.
Además de FCC, Cort también prestó sus servicios a Odebrecht, la gigante brasileña de la construcción envuelta en el mayor escándalo de sobornos de Latinoamérica. Las cuentas de Cort en Andorra recibieron 7,5 millones de dólares de las sociedades que Odebrecht usó para comprar voluntades: Aeon (Panamá) y Klienfield (Antigua y Barbuda).
Implicado por lavado de dinero en un juzgado de Andorra desde marzo pasado, Cort manejó su maraña financiera en el país pirenaico sin acreditar sus fondos y transacciones. “Se detectan importantes defectos de forma en la documentación contractual y facturas”, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.
