El diputado por el distrito 22, Juan Carlos Beltrán, junto con la bancada de diputados de Renovación Nacional, ha hecho un llamado a la Contraloría General para que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Esta acción se justifica por los retrasos en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también, en el proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).
Beltrán argumenta que estos retrasos podrían amenazar la entrega de raciones alimenticias en marzo, una situación que representaría una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En palabras del parlamentario, este escenario «podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes».
El diputado detalla que en relación a los programas PAE y PAP, se han hecho tres licitaciones. Sin embargo, con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos, lo que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación. Ahora se busca controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas.
Además, Beltrán señala que debido a las condiciones de postulación de las empresas, se presentó una denuncia ante el Tribunal de Contratación Pública. La denuncia acusa a Junaeb de actuar de manera «ilegal y arbitraria» al excluir deliberadamente a empresas de mayor tamaño que habían participado en licitaciones anteriores. Como resultado, se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que podría dificultar el cumplimiento de los plazos para la compra y distribución de las raciones.
Respecto a la beca BAES, que aumentó en $5.000, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.
«Queda en evidencia —consideró Juan Carlos Beltrán— una transgresión al principio de celeridad que rige para los procedimientos administrativos y a los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos en nuestro ordenamiento a través de la Ley N° 18.575, constituyendo un imperativo para la administración, cuya inobservancia puede llegar a constituir una transgresión del principio de probidad administrativa, el cual se encuentra extensamente recogido en nuestra Constitución y en leyes que informan la función pública como la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado».
Beltrán agrega que esta situación podría representar una vulneración del principio de servicialidad recogido en el primer artículo de nuestra Constitución y en el artículo 3 inciso primero de la ley N°18.575.
Finalmente, los parlamentarios de RN piden al Contralor General que solicite la información necesaria tanto de la directora nacional de la Junaeb, Camila Rubio como al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, disponiendo de un sumario administrativo. Argumentan que la falta de continuidad de un servicio que beneficia a miles de niños, niñas y adolescentes transgrede directamente normas de carácter fundamental, que dicen relación con la obtención del bien común y su rol instrumental en pro de la dignidad de la persona.
