El último mes ha sido tumultuoso para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Enfrentado a la posibilidad de renunciar a su cargo y a la formalización de cargos por «omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio«, es decir, por no actuar ante las violaciones a los derechos humanos en el marco de la revuelta social de 2019, Yáñez emprendió una operación político-comunicacional-judicial con el objetivo de salvaguardar su posición.
Esta operación, apoyada por ciertos medios de comunicación, legisladores, dirigentes de la derecha y la extrema derecha, y un grupo de abogados, tenía varios objetivos. Primero, evitar la formalización de cargos. Segundo, establecer su posicionamiento político e institucional con un tono de victimización. Tercero, desestimar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por personal de Carabineros durante la revuelta social de 2019. Y finalmente, renunciar a su cargo alegando ataques injustos contra su persona y la institución policial.
Yáñez recurrió al Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones, pero ambos intentos fueron infructuosos. Parecía que la suerte del general estaba decidida. Sin embargo, un evento trágico cambió el curso de los acontecimientos. En los primeros minutos del sábado pasado, tres suboficiales de Carabineros fueron asesinados en la Región del Biobío, creando una tensa situación política y cambiando completamente el escenario.
El asesinato de los tres agentes de Carabineros puso a Yáñez en una posición inesperada. Su renuncia quedó descartada y su formalización quedó en el aire. No hubo discurso de despedida. No fue la operación político-comunicacional-judicial implementada por Yáñez y sus aliados lo que salvó su posición, sino el asesinato de los tres funcionarios de Carabineros.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, cerró la posibilidad de renuncia de Yáñez. En sus palabras: «En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada». Añadió que sería demasiado incierto cambiar a la dirección de la institución en un momento tan complejo.
El Presidente Gabriel Boric también respaldó a Yáñez, afirmando que todas las autoridades, incluyendo a Yáñez, son necesarias para poder llevar a cabo su trabajo y asegurar que no haya impunidad. La oposición también exigió que Yáñez permaneciera en su cargo, con el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, argumentando que «No se cambia al capitán en la mitad del combate.»
Posteriormente, sectores del gobierno y la oposición comenzaron a sugerir que se aplazara o suspendiera la formalización de Yáñez. La idea fue bien recibida tanto por el gobierno como por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Valencia confirmó que se había presentado un escrito para solicitar un nuevo día y hora para la audiencia, que se encontraba agendada para el 7 de mayo.
Finalmente, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud y aplazó la audiencia en la que se formalizaría a Yáñez. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, justificó la decisión como prudente, teniendo en cuenta el contexto del asesinato de los tres carabineros.
La posibilidad de renuncia de Yáñez y la postergación de su formalización han generado controversia en varios sectores políticos, legislativos y de derechos humanos. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, criticó la decisión de la Fiscalía de postergar la audiencia, mientras que las diputadas del mismo partido, Carmen Hertz y Lorena Pizarro, expresaron su indignación en las redes sociales.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expresó que se deben respetar las decisiones de la Fiscalía, mientras que el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, argumentó que el oficialismo debe unirse para respaldar la medida. Sin embargo, estas declaraciones dejan en claro que no hay acuerdo dentro del oficialismo sobre el futuro inmediato de Yáñez.
Las controversias seguramente continuarán, ya que se anunció que la formalización de Yáñez se llevará a cabo el 1 de octubre, es decir, dentro de cinco meses. Durante este tiempo, Yáñez continuará en su cargo en medio de polémicas, cuestionamientos, dudas y también defensas a su gestión. El abogado querellante, Luis Mariano Rendón, resumió la situación, afirmando que lo que no pudieron conseguir mediante las legítimas armas del derecho, lo consiguieron mediante una brutal manipulación política de la Fiscalía.
