En un giro polémico y sorpresivo de los acontecimientos, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha sido efectivamente detenido en su intento de viajar a Venezuela. En un incidente que Jadue ha calificado como una «violación flagrante de [sus] garantías constitucionales», la fiscal Giovanna Herrera amenazó con su arresto si procedía con su viaje.
Este incidente de alto perfil surgió después de que Jadue, que había cumplido con todos los trámites de viaje necesarios en el aeropuerto internacional de Santiago, fue informado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de una posible orden de detención en su contra por parte de la fiscal Herrera. Según Jadue, la orden se produjo a pesar de que no existía ninguna medida cautelar en su contra.
Jadue tenía previsto asistir al «Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial«, un evento que reúne a intelectuales, organizaciones y fuerzas populares de varios países latinoamericanos para discutir proyectos municipales. Jadue afirmó que su viaje y su participación en el evento no debían haberse visto obstaculizados por la intervención de la fiscal Herrera.
En una declaración, Jadue expresó su indignación por lo que considera una «acción arbitraria» de la fiscalía: «Aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto, que es no sólo ilegal sino que una violación fragrante de mis garantías constitucionales.»
El incidente ha suscitado un amplio debate y escrutinio, con muchos cuestionando la legalidad y la justificación de la amenaza de la fiscal Herrera. Según Jadue, su abogado fue informado de que la fiscalía podía «procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada», lo que implicaba la posibilidad de solicitar una medida cautelar personal. Sin embargo, Jadue sostiene que se le desincentivó de viajar, no que se le prohibiera voluntariamente.
Jadue también planteó preocupaciones sobre la aparente interferencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en el asunto. Según Jadue, la fiscal Herrera indicó que había coordinado la decisión con el Fiscal Nacional, lo que Jadue considera una violación del debido proceso.
Desde el incidente, Jadue ha defendido su inocencia y ha criticado lo que percibe como una «locura» por parte de la fiscalía. Jadue afirmó que este incidente «es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los Tribunales mi completa inocencia».
En el centro de este asunto se encuentra la acusación de la fiscal Herrera de que Jadue es culpable de fraude al Fisco. Jadue refutó estas acusaciones, implicando que la fiscalía está en un error al asociar las decisiones de compra tomadas en los concejos municipales con un eventual fraude al Fisco.
El alcalde Jadue tenía previsto presentar un programa en Venezuela para la gestión de los fondos que los municipios reciben de los niveles centrales. Según Jadue, su viaje a Venezuela era un asunto de interés público y tenía la intención de regresar a Chile después del evento de dos días.
El incidente ha despertado un intenso debate y críticas en la esfera política chilena. Los partidarios de Jadue consideran que la intervención de la fiscalía es un ataque a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. La controversia también ha suscitado preguntas sobre la intervención y la influencia del Fiscal Nacional en casos de fiscalías inferiores.
