El exmandatario peruano, Pedro Castillo, se encuentra inmerso en la fase intermedia del proceso judicial que podría culminar en su condena a hasta 34 años de prisión. Este episodio en la historia política y jurídica de Perú se desencadena a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, lo que ha llevado a Castillo a enfrentar graves acusaciones de presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
La defensa legal de Castillo ha respondido a estas acusaciones alegando la invalidez de los cargos, argumentando que «los hechos imputados no constituyen delitos típicos». Esta estrategia defensiva busca desacreditar las acusaciones y presentar una narrativa alternativa de los sucesos que llevaron al arresto del exjefe de Estado.
En esta misma línea, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una compensación civil de más de 18 millones de dólares por parte de Castillo Terrones y sus coacusados, entre los que se encuentran su expremier Aníbal Torres y exministros como Betssy Chávez, Willy Huerta, entre otros. Esta solicitud representa un golpe adicional a la situación legal de Castillo y su círculo más cercano, ya que evidencia la intención de las autoridades de hacer valer la responsabilidad civil por los daños causados.
El Ministerio Público ha fijado la fecha de su próxima audiencia preliminar de control de acusación respecto al fallido golpe de Estado, marcando así un paso importante en la fase intermedia del proceso penal contra el exjefe de Estado. En esta etapa, se llevará a cabo una revisión de la acusación fiscal y se resolverán las observaciones y solicitudes de las partes involucradas para determinar si el caso cumple con los requisitos para pasar a la etapa de juicio oral.
En un giro de acontecimientos que conmocionó a la nación, tras intentar disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo fue destituido y posteriormente arrestado, en una acción que no contó con el respaldo ni de las fuerzas militares ni de la policía.
A pesar de las graves acusaciones, tanto la defensa legal del expresidente Castillo como el mismo acusado sostienen que ninguno de los delitos imputados ha tenido lugar, refutando la versión de la Fiscalía. En su defensa, el expresidente Castillo y sus abogados han intentado desacreditar las acusaciones, insistiendo en la falta de pruebas y argumentando que los cargos se basan en suposiciones y no en hechos sólidos.
En un giro inesperado durante el proceso judicial por el golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo se vio sin representación legal luego de la renuncia de su abogado, Eduardo Pachas. Este hecho ha añadido un elemento de incertidumbre al caso y ha generado especulaciones sobre las razones detrás de la decisión de Pachas y cómo esto podría afectar el resultado del juicio de Castillo.
Mientras tanto, el país y el resto del mundo observan atentos el desarrollo de este proceso judicial que podría tener profundas repercusiones en la política y en la estabilidad de Perú.
