El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, enfrenta un periodo de prisión preventiva impuesto por la jueza Paulina Moya por presuntos delitos de fraude al Fisco. Ramón Sepúlveda, el abogado defensor de Jadue, ha presentado una apelación para modificar esta cautelar, argumentando que no existen antecedentes suficientes para justificar esta severa medida.
En la solicitud de apelación, Sepúlveda enfatizó que su cliente no representa un peligro para la sociedad, por lo que la medida preventiva de prisión no es necesaria. Propuso que, en lugar de la prisión preventiva, se podría aplicar una firma mensual con arraigo nacional o un arresto domiciliario total o parcial.
En su argumento, el abogado resaltó la importancia de la presencia de Jadue en su hogar, ya que tiene una hija de 24 años y una madre de 80 años enferma. “La privación de libertad de su hijo puede empeorar la salud de su madre”, argumentó Sepúlveda.
Además, el abogado enfatizó que “No existen antecedentes calificados que permitan al Tribunal considerar que la prisión preventiva de mi representado es indispensable para el éxito de las diligencias de investigación”. Sepúlveda argumentó que no hay pruebas de que la libertad de Jadue represente un riesgo para la seguridad de la sociedad, para la víctima (el Municipio de Recoleta), o de que exista peligro de fuga.
Jadue ha pasado una semana en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, decretado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará la apelación para remover esta medida cautelar en los próximos días.
En respuesta a las acusaciones contra Jadue, la defensa declaró que la imputación se basa en la declaración de tres testigos de la empresa, quienes afirmaron haber tenido una reunión con Jadue. Sin embargo, la defensa argumentó que no hay evidencia material que respalde esta afirmación. Los testigos supuestamente buscaban beneficio propio al hacer estas afirmaciones.
Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, del que Jadue es militante y dirigente, declaró en CNN-Chile que la medida cautelar de prisión preventiva es una exageración. Insistió en que las acusaciones contra el alcalde deben ser probadas durante el juicio completo.
La diputada Ana María Gazmuri también expresó su acuerdo con la defensa de Jadue. “No veo ningún argumento sólido que me diga que fue necesario decretar la prisión preventiva, existiendo a todas luces otras medidas que permiten asegurar los fines el procedimiento, como por ejemplo, el arresto domiciliario”, declaró.
