La reciente decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de implementar 18 reformas constitucionales exprés antes de que concluya su mandato en octubre, ha generado un clima de incertidumbre y temor en los mercados financieros. Esta decisión ha provocado la devaluación del peso mexicano, que cayó hasta las 18 unidades por dólar, y la retrocesión de la Bolsa de Valores.
El temor no se limita a los mercados financieros. La oposición, a pesar de su derrota en las elecciones, ha decidido declararse «en resistencia», en un intento por proteger la democracia del país. La candidata Xóchitl Gálvez ha pedido que se recuenten el 80% de las mesas escrutadas, a pesar de su derrota por 32 puntos frente a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El objetivo de esta medida es reunir suficientes votos para evitar que el oficialismo alcance la mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso y el Senado, lo que permitiría al presidente populista imponer un grupo de jueces a su servicio.
AMLO ha justificado su plan de reformas argumentando que el poder judicial actualmente no está al servicio del pueblo y de la sociedad, sino al servicio de una minoría y, en ocasiones, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. En respuesta al temor generado en los mercados financieros, el presidente insistió en que la justicia no debería estar al servicio de los mercados y cuestionó por qué se teme que el pueblo elija a los jueces.
El oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció su intención de ayudar a materializar el ambicioso plan de AMLO. Esta noticia generó un gran revuelo financiero, lo que llevó a Sheinbaum a prometer diálogo y más diálogo. Por otro lado, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anticipó con alegría el ataque contra el Poder Judicial y contra siete organismos autónomos que desaparecerían con la mayoría oficialista. Entre los organismos que se verían afectados por esta medida se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Asimismo, la reforma militar también está en la mira del presidente, quien ha favorecido a las Fuerzas Armadas durante su mandato, siguiendo el modelo de Cuba revolucionaria. Las Fuerzas Armadas han surgido como un actor económico importante en México, encargado de la construcción de las infraestructuras más emblemáticas del mandato de AMLO, como el polémico aeropuerto internacional de Felipe Ángeles y el Tren Maya.
El arrollador triunfo electoral de Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecológico y el Partido del Trabajo, ha dado a AMLO un mes de supermayoría para sus reformas exprés, entre la asunción en septiembre del nuevo Parlamento bicameral y la toma de protesta de su discípula en octubre. El presidente tiene la intención de someter a los jueces y a los organismos autónomos a su control para concentrar aún más el poder presidencial, lo que se convertiría en el broche de oro para un pastel ultrapersonalista.
Esta sería la gran venganza de López Obrador, que durante su sexenio chocó una y otra vez en sus intentos de reformar la Constitución para someter a la Suprema Corte de Justicia. Su propuesta «democrática», similar a la implementada en Bolivia por la revolución indígena, consiste en que los ciudadanos voten directamente en las urnas el nombre de los ministros que forman parte de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal de Disciplina, así como los magistrados y jueces de distrito. También tiene planes para reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal.
La Presidencia propondría dos candidaturas, el Parlamento otras dos y el poder judicial dos más. El Senado tendría la responsabilidad de verificar que los jueces candidatos cumplan con los requisitos establecidos.
