En una tragedia que ha dejado a una comunidad en estado de shock, un bebé de tres años murió luego de caer desde el octavo piso de un edificio ubicado en Quinta Normal. La Fiscalía Centro Norte ha formalizado por homicidio por omisión a una mujer que operaba una guardería informal en el edificio, donde ocurrió el trágico incidente.
El Ministerio Público había solicitado su prisión preventiva, pero se decretó el arresto domiciliario total, firma semanal y arraigo nacional. Esta decisión ha levantado algunas cejas, alimentando el debate sobre la responsabilidad de la mujer en la muerte del niño y la adecuada penalización para dicho delito.
Las investigaciones iniciales han revelado que la guardería informal no cumplía con las medidas mínimas de seguridad obligatorias para una institución de este tipo, como la presencia de mallas en las ventanas. Precisamente, fue desde una de estas ventanas sin malla desde donde cayó el niño. Además de estas violaciones de seguridad, la guardería también carecía de los permisos y autorizaciones correspondientes para operar.
La Fiscalía ha proporcionado detalles adicionales sobre la operación de la guardería informal. Según los informes, la mujer acusada cuidaba entre dos a cuatro niños, cobrando $120 mil mensuales a los padres y ofreciendo sus servicios por WhatsApp. Estos detalles pintan un panorama preocupante de una operación descuidada y peligrosa.
En el caso del niño que murió, se encontraba solo en el departamento en el momento del incidente. La mujer a cargo de la guardería había salido del edificio para ir a buscar a su propio hijo, dejando a los niños bajo su cuidado sin supervisión.
El fiscal Francisco Tolosa ha aseverado que la mujer «dejó de cumplir un deber de cuidado» que tenía con el niño. “Esa negligencia, o esa falta de cuidado, equivalía en el fondo a un dolo homicida. Esa es la razón por la que la Fiscalía formalizó por un homicidio y no por un cuasi delito”, explicó Tolosa.
Este caso ha puesto en el foco el problema de las guarderías informales que operan sin las debidas autorizaciones y medidas de seguridad. El trágico incidente ha generado un llamado a las autoridades para que tomen medidas más estrictas contra aquellos que se aprovechan de los padres trabajadores que buscan un lugar seguro para dejar a sus hijos.
La muerte del niño no solo es una pérdida devastadora para su familia, sino que también ha dejado a la comunidad de Quinta Normal y a la sociedad chilena en general, lidiando con las repercusiones de este incidente. Este caso ha puesto de relieve la necesidad de una supervisión más rigurosa de las instalaciones de cuidado infantil y ha abierto un debate sobre las leyes y reglamentaciones existentes en torno a las guarderías informales.
El incidente también ha planteado preguntas sobre la responsabilidad de los padres que optan por dejar a sus hijos en estos establecimientos, a menudo debido a la falta de opciones asequibles y accesibles. El debate sobre la seguridad infantil y la accesibilidad de las guarderías de calidad es ahora más relevante que nunca.
Mientras tanto, la mujer responsable de la guardería informal espera el juicio bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional. La comunidad espera que se haga justicia y que este trágico incidente sirva como un recordatorio desgarrador de las consecuencias potencialmente mortales de la negligencia y la falta de regulación en las guarderías informales.
