El martes pasado, Estados Unidos puso en marcha nuevas medidas para limitar el asilo y cerrar el paso a las entradas irregulares de migrantes por su frontera sur. Esta acción se produce a cinco meses de las elecciones presidenciales y es una de las principales quejas de los votantes. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que permite el cierre de la frontera con México si se superan los 2.500 cruces irregulares diarios durante una semana. El decreto también limita la posibilidad de asilo de quienes entren de manera irregular y posibilita la rápida expulsión de aquellos a quienes se les niegue esa protección.
Las entradas irregulares han superado el umbral establecido en la orden, con una media diaria de 3.800 entradas en mayo. Esto ha resultado en 118.000 detenciones a lo largo del mes, una cifra que sigue generando críticas a la política migratoria de Biden. Su principal oponente republicano, el ex presidente Donald Trump, promete una postura más dura en la frontera si vuelve a la Casa Blanca en enero.
La nueva iniciativa de Biden está dirigida a presentar a los demócratas como el partido que está tomando medidas para controlar la frontera, a diferencia de los republicanos que han bloqueado un proyecto de ley de reforma migratoria desde enero. Sin embargo, la medida ha recibido críticas de grupos defensores de los derechos humanos y de los migrantes, así como de legisladores del ala progresista demócrata. La Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que llevará la medida a los tribunales.
El senador latino de California, Alex Padilla, criticó la decisión de la Casa Blanca, argumentando que al revivir el veto al asilo de Trump, Biden está socavando los valores del país. La nueva orden ejecutiva prohibirá recibir asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal. La Casa Blanca explicó que estas acciones se aplicarán cuando los altos niveles de encuentros excedan su capacidad de aplicar consecuencias inmediatas.
La medida se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para implementar una política migratoria draconiana. Sin embargo, a diferencia de la administración de Trump, los menores no acompañados no se verán afectados por la nueva medida.
Además, la medida contempla excepciones para aquellos que puedan demostrar un riesgo claro de tortura u otro tipo de maltratos si son deportados. Aquellos sobre los que se determine que no sufren ese riesgo serán deportados “lo más rápidamente posible”. Se vetará su entrada en el país durante al menos cinco años y podrían enfrentarse a cargos judiciales.
La Casa Blanca espera que, tras la entrada en vigor inmediata de la medida, el flujo migratorio irregular comience a disminuir. El gobierno está procesando actualmente unas 1.450 solicitudes diarias en los puntos de entrada de la frontera sur. Se estima que hay alrededor de dos millones de peticiones de asilo pendientes de una decisión de los jueces especializados en migración. La mayoría de estas personas están esperando la resolución de sus casos en territorio estadounidense y llevando una vida normal.
