La política migratoria se ha convertido en el centro de atención de la batalla electoral británica, con la irrupción en campaña de Nigel Farage, el populista que impulsó el Brexit y ha alterado el tablero político del Reino Unido durante décadas. Su anuncio de participar en las próximas elecciones del 4 de julio ha causado preocupación en el equipo del primer ministro Rishi Sunak, que ha respondido con propuestas más duras.
En un intento por frenar el atractivo populista de Farage, los conservadores ahora prometen un límite fijo, que se reducirá anualmente, en el número de visados de trabajo, incluyendo aquellos para puestos cualificados, y de reunificación familiar que concede el Reino Unido. Estas propuestas representan un endurecimiento de la política migratoria desde el Brexit, que no establecía un tope para este tipo de visados.
Rishi Sunak, conocido por su enfoque metódico, calculador y racional, enfrenta el desafío de combatir la demagogia de Farage sin las armas adecuadas. Sunak es consciente de que es imposible poner una cifra tanto a la futura llegada de inmigrantes como a las futuras necesidades del mercado laboral. Por ello, ha condicionado los detalles de su propuesta a lo que sugiera la Comisión Asesora de Migración, un organismo adscrito al Ministerio del Interior que ofrece asesoramiento independiente sobre política migratoria desde 2007.
En contraste con la prudencia de Sunak, Farage hace propuestas audaces y provocativas. Ha anunciado, por ejemplo, impuestos punitivos para las empresas que contraten trabajadores extranjeros. Además, ha manifestado su objetivo de tener «cero inmigrantes», a pesar de que las estadísticas oficiales indican que unas 600.000 personas dejaron el Reino Unido el año pasado, dejando un espacio equivalente para nuevos inmigrantes.
Frente a la ofensiva de Farage, Sunak intenta endurecer sus propuestas, pero pierde fuerza entre el electorado más conservador cuando se centra en los detalles. Su gobierno ha dejado exentos de su afán de limitación a los 600.000 licenciados extranjeros que se gradúan de una universidad británica cada año y a los trabajadores agrarios temporales que se contratan anualmente. También quedan fuera los solicitantes de asilo que han entrado al país a través de una ruta legal.
Sunak ha defendido sus nuevas propuestas afirmando que su gobierno ya ha tomado medidas firmes para reducir el número de personas que entran en el país y que están funcionando. Sin embargo, ha señalado que los niveles de inmigración siguen siendo muy elevados y que es necesario ir más allá. Además, ha criticado al Partido Laborista y a su rival, Keir Starmer, por su supuesta intención de declarar una amnistía migratoria que convertiría al Reino Unido en un imán para los inmigrantes ilegales.
Los conservadores se aferran a la promesa del candidato laborista de acabar con el plan de deportación de inmigrantes a Ruanda si llega al poder para argumentar que el Partido Laborista está a favor de una supuesta amnistía migratoria. Por su parte, Starmer, consciente de la sensibilidad del tema, ha abordado la cuestión con ambigüedad, buscando recuperar a los votantes tradicionales de izquierda que en 2019 se vieron atraídos por el discurso de Boris Johnson.
El Partido Laborista ha prometido anular los vuelos a Ruanda, aunque no se ha atrevido a proponer una cifra para la reducción de la inmigración. En lugar de ello, juegan con la idea de promover una mayor formación laboral para los ciudadanos británicos para que ocupen los puestos de trabajo que actualmente desempeña la mano de obra extranjera.
La cifra neta de migración en el Reino Unido, es decir, el número total de nuevos habitantes menos el de los que salen del país, fue de 685.000 personas. En 2022, se alcanzó el récord de 764.000. Los conservadores han luchado durante años para reducir estas cifras, con el entonces primer ministro conservador, David Cameron, prometiendo hace una década reducir las cifras de inmigración en decenas de miles, pero finalmente abandonando la idea.
El actual gobierno ha prohibido, de momento, que los licenciados universitarios extranjeros puedan reunirse con familiares en territorio británico. Además, ha elevado el salario mínimo impuesto a las empresas para contratar a un trabajador extranjero de unos 31.000 euros anuales a más de 45.000 euros.
La reentrada de Farage en la escena electoral ha complicado el debate, al mezclar la inmigración regular e irregular. Farage argumenta que el país no puede seguir avanzando hacia cifras de población que van a explotar. En su discurso, también critica a los inmigrantes que no hablan el idioma inglés ni se integran en la comunidad, argumentando que esto lleva a que los pueblos y ciudades se vuelvan irreconocibles.
