El cambio climático y sus consecuencias devastadoras no son un mero discurso para Benjamin van Bunderen. Este joven activista belga de 17 años ha experimentado de primera mano los estragos del calentamiento global, habiendo sobrevivido a las graves inundaciones que asolaron Bélgica y Alemania en el verano de 2021. Sin embargo, su amiga Rosa, de 15 años, no tuvo tanta suerte: fue arrastrada por la crecida repentina del río y su cuerpo fue hallado tres días después.
Estas inundaciones dejaron un saldo de alrededor de doscientas víctimas mortales y pérdidas económicas estimadas en 44.000 millones de euros. Los expertos vinculan directamente este tipo de catástrofes naturales, cada vez más frecuentes y brutales, al calentamiento global. Según datos recientes, en las últimas tres décadas, Europa se ha calentado el doble de la media mundial.
Para Benjamin, el cambio climático no es solo una cuestión de cifras y estadísticas, sino de vidas humanas. «Las personas están muriendo, están sufriendo por el cambio climático», destaca el adolescente desde Bruselas. En respuesta a esta crisis, ha creado la organización Justicia climática para Rosa, que busca concienciar sobre el coste humano y medioambiental del cambio climático. También está participando en una querella recién presentada contra la petrolera francesa TotalEnergies, acusada de lucrarse con los combustibles fósiles responsables de los gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Las políticas medioambientales son un punto crucial en las actuales elecciones europeas. Hay fuerzas que buscan revertir algunas de las leyes y metas ya establecidas en esta área, alegando que frenan el progreso económico. Pero para Benjamin, defender el Pacto Verde europeo es fundamental. Este plan, aprobado durante el último mandato, tiene como objetivo adaptar las políticas de la UE sobre clima, energía, transporte y fiscalidad para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990 para 2030.
Pero Benjamin no está solo en su preocupación por el cambio climático. Un Eurobarómetro realizado en marzo revela que el 78% de los europeos considera que las cuestiones climáticas tienen un efecto directo en su vida diaria y su salud. En países como España, Grecia o Portugal, este porcentaje alcanza hasta el 98%. Además, el 84% de los encuestados cree que la UE necesita legislación para proteger el medio ambiente en su país.
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido que la UE no está preparada para el avance acelerado de los riesgos climáticos. Según esta entidad, «cientos de miles de personas podrían morir por olas de calor y las pérdidas económicas podrían superar el billón de euros anuales» si no se toman medidas decisivas de inmediato.
El cambio climático también representa un riesgo geoestratégico, como señaló Josep Borrell, alto representante para Política Exterior de la UE, en un foro de defensa celebrado recientemente en Bruselas. Según Borrell, el cambio climático podría causar desplazamientos masivos de población y nuevas oleadas de migración, lo que supondría uno de los mayores problemas de seguridad del mundo.
Pese a la gravedad de la situación, Europa, que se puso a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático durante esta legislatura, amenaza ahora con frenar sus esfuerzos. La razón es el temor al impacto en las urnas que está teniendo el descontento social tras años de crisis e inflación, un descontento que ha sido capitalizado por una extrema derecha que ha hecho del medio ambiente su chivo expiatorio.
Anaïs Berthier, responsable de la oficina en Bruselas de Client Earth, una organización de abogados que pleitean en 60 países contra empresas y gobiernos para que rindan cuentas de sus compromisos medioambientales, advierte que la «reacción adversa es muy real». «Hay voluntad de contar con una agenda desreguladora, como hemos visto con la Política Agrícola Común (PAC) tras las protestas agrícolas», apunta.
Además, hay una preocupación genuina por los temores al coste extra que implicará la implementación, en los próximos años, de medidas de contención del cambio climático a todos los niveles. Esto ocurre en un contexto en el que la amenaza de una guerra hace disparar otros gastos en la UE, especialmente en defensa. Incluso los más fervientes defensores del Pacto Verde reconocen que será clave lograr un «acompañamiento social» para garantizar una transición verde justa.
La transición verde será costosa, con la Comisión Europea estimando que se necesita una inversión adicional de 620.000 millones de euros anuales hasta 2030, un 3,7% del PIB de la UE, para lograr los objetivos climáticos. Sin embargo, la inacción podría ser aún más costosa: los daños provocados por inundaciones, sequías, incendios, olas de calor o enfermedades relacionadas con el calentamiento global podrían provocar una caída de al menos el 7% del PIB de la UE hasta finales de siglo.
Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, reconoce el reto, pero también advierte de no cometer el «error histórico» de revertir el Pacto Verde. Según Gentiloni, es posible ajustar y ser pragmáticos, prestando atención a la justicia de la transición y a los aspectos sociales y regionales afectados, pero no se puede dar marcha atrás en la transición verde.
