En medio de una intensa atmósfera legal, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), enfrenta serias acusaciones por parte de la Fiscalía de Chile. Los presuntos delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa son los cargos que le han sido imputados a Jadue, quien se encuentra en medio de un juicio objetivo y desapasionado, tal como lo detalló la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya.
Desde la perspectiva del tribunal, las afiliaciones o ideologías políticas no son factores que se tomen en cuenta para tomar decisiones judiciales. La jueza Moya insistió en que las decisiones judiciales deben basarse en los hechos del caso, los antecedentes aportados y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales.
La querella que inició la causa contra el alcalde de Recoleta fue presentada por Best Quality, una empresa que vendió productos médicos a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) en 2020, pero que alega que nunca recibió el pago de estos. La Fiscalía sostuvo que Jadue, haciendo uso de su prestigio y posición, representó una capacidad económica de la Achifarp que no poseía y solo pagó parte del total a la empresa, causando un perjuicio de más de mil millones.
El tribunal sostuvo que Jadue, en su rol de presidente de la Achifarp y alcalde de la comuna, representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Además de su posición, se destaca su supuesto papel en la gestión financiera y planificación estratégica de la Achifarp y la afectación patrimonial a la Municipalidad de Recoleta.
En su defensa, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, afirmó que aunque el alcalde era el presidente de la asociación, no todas las decisiones pasaban por él. Esta afirmación fue rechazada por el tribunal. La jueza Moya destacó que los antecedentes recogidos por el Ministerio Público indican altas probabilidades de que Jadue conocía la compra realizada a Best Quality en junio de 2020.
La jueza puso en duda la falta de acciones legales para rescindir el contrato con Best Quality, si este era tan desventajoso y supuestamente no fue aprobado por el presidente y el directorio de la Achifarp. Además, cuestionó el hecho de que las mercancías del contrato estuvieran mucho tiempo en bodegas, inutilizadas.
El papel de Jadue como presidente de Achifarp también es determinante para la imputación del cohecho. La jueza subrayó que el Ministerio Público proporcionó múltiples evidencias que indicaban la existencia del delito y configuraban presunciones fundadas de participación en relación a la donación de $20 millones a cambio de concretar la compra de insumos a Best Quality.
En cuanto a la Municipalidad de Recoleta, la jueza se refirió a ella como una «víctima» del caso, subrayando que los vecinos eran los principales afectados por las maniobras entre Jadue y la Achifarp. Según el tribunal, se utilizaron fondos municipales para pagar las deudas de la Achifarp de manera irregular.
El tribunal también resaltó que la fabricación de un medicamento contra el Covid-19, con dinero que nunca llegó a manos de la Universidad de Concepción, era un tema delicado. La jueza cuestionó que los imputados aseguraran tener los permisos respectivos para la fabricación de medicamentos, en un momento en que existía miedo generalizado a los nuevos medicamentos.
En cuanto al desvío de fondos municipales para cubrir deudas y gastos de la Achifarp, la jueza señaló que las defensas no controvertían que esto privaba a la municipalidad de usar legítimamente esos fondos para beneficio de la comunidad.
La jueza citó el continuo desempeño de Jadue en su cargo de alcalde como un factor de peso para decretar su prisión preventiva. Su posición implica una relación directa con la administración de recursos y juega un papel crucial en la gestión financiera, la planificación y la transparencia de las operaciones municipales.
Finalmente, la jueza Moya concluyó que existía un alto riesgo de reiteración en caso de que Jadue continuara en su cargo y una alta probabilidad de que, si se le condenaba por los delitos por los que fue formalizado, no podría acceder a penas sustitutivas y tendría que cumplir de manera efectiva su condena.
Tras la sentencia, Jadue fue conducido al penal de Capitán Yáber, uniéndose a la lista de alcaldes, senadores, diputados y empresarios que también han sido considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.
