El Ministerio de Capital Humano, un departamento de vastas atribuciones que el presidente Javier Milei puso en manos de una de las personas de su más estrecha confianza, está hoy en el centro de una convulsión política en el gobierno argentino. Bajo intensa presión social debido a la profunda crisis que atraviesa el país, la Justicia ha ordenado a la ministra Sandra Pettovello que distribuya las miles y miles de toneladas de alimentos almacenadas en depósitos desde hace meses y que están a punto de caducar.
Durante su gestión, Milei ha defendido a Pettovello como «la mejor ministra en el área social desde el regreso de la democracia». El Departamento de Capital Humano, encabezado por Pettovello, es una fusión de varias áreas que históricamente fueron Ministerios en sí mismos: Educación, Cultura, Salud y Desarrollo Social. Este enfoque es parte de la promesa electoral de Milei de reducir al mínimo la cantidad de ministros, contraponiéndose a la tendencia en países vecinos como Brasil, donde el número de ministros asciende a 38.
La gestión de Pettovello, muy cercana al presidente Milei, ha estado en el ojo del huracán debido a las denuncias del dirigente Juan Grabois, quien ha señalado que en los depósitos gestionados por el Estado se están echando a perder miles de toneladas de alimentos que podrían aliviar la situación de los más desfavorecidos en un país con 45% de pobreza.
El dirigente peronista ha sido categórico: «Hay 339.867 kg de leche en polvo que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega» ha denunciado Grabois. «Hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos (…). En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!».
Después de semanas de negar las denuncias, finalmente el Ministerio de Capital Humano reconoció que en los depósitos se acumulaban alimentos sin entregar. A raíz de esto, se produjo el despido del funcionario directamente a cargo del tema, Pablo de la Torre, mientras en la prensa argentina se publicaban historias acerca de espionaje cruzado entre el Ministerio de Pettovello y el hasta comienzos de esta semana jefe del gabinete de ministros, Nicolás Posse.
Ante esta situación, el juez Sebastián Casanello ordenó al Ministerio que presentase un plan y un detallado cronograma para distribuir los alimentos. La respuesta del Ministerio fue apelar la medida y denunciar «arbitrariedad» por parte del juez.
Grabois ha aprovechado la intervención de la Justicia para redoblar sus críticas al gobierno: «Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello».
Por su parte, el gobierno de Milei ha encargado una amplia auditoría para determinar cómo se distribuían las ayudas sociales durante los gobiernos del kirchnerismo, en especial en el reciente gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que delegaba el reparto de alimentos en las llamadas «organizaciones sociales».
Según el diario Clarín, «Las noticias de los últimos días mostraron una catarata de pruebas y documentos que señalan que varias de esas organizaciones, principalmente el Polo Obrero, crearon mecanismos irregulares para justificar parte de las astronómicas cifras que recibieron del Gobierno destinadas a la contención social y que fueron desviadas a la financiación de una estructura política o al mero beneficio personal».
«En las primeras investigaciones judiciales se encontró de todo: comedores inexistentes que recibían plata del Estado, usinas de facturas truchas (falsas) y cooperativas fantasmas».
