La jueza Paulina Moya, que preside el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, decidió aplazar hasta el viernes la audiencia de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Con esta decisión, la duración de la audiencia se extenderá a tres jornadas completas. La audiencia continuará el viernes a partir de las 9.00 horas.
Tras la conclusión de la sesión del jueves, Jadue abandonó el Centro de Justicia de Santiago, solicitando a la prensa que respetara su espacio personal. El alcalde anunció que emitirá declaraciones el viernes. Previamente, la Fiscalía Centro Norte había solicitado al tribunal que aplicara la medida cautelar de prisión preventiva contra Jadue y contra José Muñoz, ex secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Las acusaciones contra Jadue incluyen delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales se alega que cometió durante su tiempo al frente de la Achifarp. La fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Regional Centro Norte, argumentó que había un conflicto de intereses inherente en la doble función de Jadue como alcalde de Recoleta y presidente de la asociación, lo que podría haber perjudicado la gestión del patrimonio.
Herrera también destacó los problemas financieros entre Jadue y la Universidad de Concepción, que fue contratada para llevar a cabo un ensayo clínico y producir 180.000 dosis de Interferón, un medicamento que se propuso como potencial tratamiento para el COVID-19, pero que no recibió la aprobación del Instituto de Salud Pública.
Según Herrera, la universidad solicitó un cambio en la financiación del proyecto. La fiscal también afirmó que la Contraloría General de la República descubrió que los fondos no se habían utilizado de manera adecuada y pidió a la Municipalidad de Recoleta que tomara medidas para recuperar el dinero.
El abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, hizo hincapié en que la corrupción no tiene colores políticos, recordando el caso de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
La defensa de Jadue, a cargo del abogado Ramón Sepúlveda, argumentó que la Fiscalía había malinterpretado la naturaleza y el funcionamiento de la Achifarp, considerándola erróneamente como un «juguete» del alcalde de Recoleta. Sepúlveda señaló que otros directores y altos cargos de la administración pública también estaban involucrados en la Achifarp, por lo que no era justo hacer a Jadue responsable de todas las acciones de la asociación.
El Ministerio Público reveló que el alcalde de la ciudad puerto había declarado que, en su calidad de tesorero, no tenía acceso a las cuentas bancarias de la asociación y que era Jadue quien contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos de la Achifarp.
