El Gobierno de Israel ha intensificado su presión sobre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en un lapso de 48 horas. Esto se hizo evidente con la aprobación parlamentaria en lectura preliminar de una ley que extiende a la UNRWA la aplicación de la Ley Antiterrorista, y que suprime los privilegios fiscales y otros que la agencia goza por ser parte del sistema de Naciones Unidas. El voto resultó en 42 a favor y seis en contra.
Además, la Autoridad de Tierras de Israel envió una carta a la sede de la UNRWA en la parte palestina de Jerusalén, ocupada desde la Guerra de los Seis Días en 1967. La carta, que se hizo pública a última hora del miércoles, daba a la UNRWA un plazo de 30 días para desalojar su amplio complejo. Según la Autoridad de Tierras, la UNRWA debe más de 27 millones de séquels (aproximadamente 6,7 millones de euros) por «operar en terrenos estatales sin autorización» en los últimos siete años.
El ministro israelí de Vivienda y Construcción, Itzhak Goldknopf, del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (coaligado con ultranacionalistas y el Likud bajo la batuta del primer ministro Benjamín Netanyahu), había solicitado en febrero al director general de la Autoridad que expulsase a la agencia, argumentando que “actúa al servicio de Hamás e incluso participó en la brutal masacre del 7 de octubre”. Con la aprobación del asesor legal, Goldknopf ha enviado la carta.
La directora de Comunicaciones de la UNRWA, Juliette Touma, ha señalado que las autoridades israelíes no le han informado a la agencia de ninguna deuda en todos esos años, ni tampoco han recibido una notificación formal al respecto. Para Touma, la acción es simplemente una extensión de la campaña que Israel mantiene contra la UNRWA.
El teniente alcalde de Jerusalén, el ultraderechista Arieh King, ha compartido en la red social un proyecto de construcción de un asentamiento judío en los terrenos que ocupa actualmente el complejo de la UNRWA. King, quien ha participado en manifestaciones frente a la sede de la UNRWA y la ha calificado de “antisemita” y “malvada”, ha nombrado al proyecto “Espadas de Hierro”, igual que la operación del Ejército israelí en Gaza.
En enero pasado, la UNRWA experimentó uno de los mayores terremotos de su historia de siete décadas. Israel acusó a 12 de los empleados locales de la agencia en Gaza de haber participado en el ataque del 7 de octubre y a otros más de 2.000 de estar vinculados con Hamás o la Yihad Islámica. La UNRWA, que provee servicios como educación y salud a 5,9 millones de palestinos y era el principal actor humanitario en Gaza, comunicó la medida y perdió a 16 países donantes, que aportaban la mitad de su presupuesto, entre ellos los dos principales: Estados Unidos y Alemania.
Tras el huracán, otros países acudieron en su ayuda. Siguió funcionando gracias a las reservas y a que otros donantes como España respondieron al llamamiento de urgencia aumentando su contribución. Durante semanas, la UNRWA desapareció del foco en Israel, salvo pequeñas manifestaciones de ultraderechistas frente a la sede en Jerusalén para pedir su cierre.
En abril, la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna presentó las conclusiones del informe que le pidió la ONU y que efectuó con tres organizaciones de investigación. El resultado: Israel no aportó prueba alguna de complicidad con Hamás, pese a pedirle reiteradamente “nombres y pruebas” para poder abrir una investigación interna. Y la UNRWA debe reforzar los procedimientos para garantizar su neutralidad, pero tiene mecanismos “sólidos” que no la comprometen.
Varios países comenzaron a dar marcha atrás y reanudaron sus contribuciones, entre ellos todos los de la UE, incluido el principal aliado de Israel, Alemania, en una decisión que el Ministerio israelí de Exteriores calificó de “lamentable y decepcionante”. El último en hacerlo ha sido Italia, la semana pasada.
