El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable por un jurado popular de doce personas de todos los 34 delitos que se le imputaban, convirtiéndose en lo que se denomina en el país un «criminal convicto», o felon. Estos delitos incluyen falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales.
La condena se debe principalmente al pago de 130.000 dólares (120.000 euros) a la actriz pornográfica Stormy Daniels en 2016, para que mantuviera en secreto la relación sexual que ambos mantuvieron en 2006. Los pagos se realizaron en plena campaña electoral, en la que Trump se presentaba como defensor de los valores tradicionales, y se mantuvieron en secreto para evitar el escándalo. Además, fueron disfrazados de gastos profesionales para no declararlos a Hacienda ni computarlos como gastos de campaña.
La condena, en teoría, podría acarrear hasta cuatro años de cárcel para Trump. Sin embargo, este cálculo depende de cómo se computen los delitos y de lo que decida el juez Juan Merchán, que presidió el caso.
Durante las cinco semanas de juicio, la fiscalía se esforzó en demostrar que lo que hizo Trump con Daniels era parte de una estrategia consistente y mantenida en el tiempo. Para ello, se llamó a declarar a la modelo de ‘Playboy’ Karen McDougal, con quien Trump también tuvo una relación y a quien pagó por su silencio, y al editor de la revista National Enquirer, David Pecker, encargado de silenciar a las amantes de Trump.
La pena que se impondrá a Trump se anunciará el 11 de julio, solo una semana antes de la Convención del Partido Republicano en la que se le nominará como candidato a las elecciones del 5 de noviembre. A partir de ese momento, podrá apelar la sentencia en el estado de Nueva York, y casi con seguridad, no habrá una sentencia definitiva hasta 2025.
Trump, ya condenado, no tendría la potestad de perdonarse a sí mismo por estos 34 delitos, dado que este caso es competencia de un estado – Nueva York – y, en el sistema estadounidense, el jefe del Estado y del Gobierno solo puede perdonar los delitos cometidos contra la Justicia federal, no la de los estados.
Posteriormente a la declaración de culpabilidad, Trump atacó a la Justicia y a la inmigración ilegal, declarando que el juicio estaba «amañado» y que el proceso había sido «una desgracia». También comentó que el fiscal del distrito de Manhattan, Avin Bragg, que dirigió el caso, tenía el apoyo de [George] Soros, filántropo y financiero, a quien los movimientos ultra consideran su ‘bestia negra’.
Además de este caso, Trump tiene otros tres juicios pendientes, pero ninguno se celebrará antes de las elecciones, debido, en parte, a la actitud de bloqueo de Aileen Cannon, la jueza republicana de Florida que dirige el caso del robo de documentos con secretos de Estado por el presidente, y la lentitud con la que los jueces conservadores del Supremo están respondiendo a un recurso presentado por el ex presidente.
