Los recientes acontecimientos en Hong Kong han vuelto a sacar a la luz las crecientes tensiones políticas y el clamor por la democracia que se vive en esta región semiautónoma. Un tribunal de esta ciudad ha declarado a catorce personas culpables de conspiración, en la que se considera la mayor acción legal emprendida contra activistas prodemocracia desde que China implementó una controvertida ley de seguridad nacional en 2020, con el objetivo de eliminar la disidencia.
Estos catorce individuos, junto con otros treinta y uno que se habían declarado culpables previamente, enfrentarán penas que podrían llegar hasta la cadena perpetua, cuyas sentencias se darán a conocer en el transcurso del año. Esta situación se produce después de que el gobierno central en Pekín impusiera a Hong Kong una estricta ley de seguridad nacional en respuesta a las grandes y a veces violentas protestas prodemocracia que paralizaron este centro financiero internacional en 2019.
Bajo la sombra de esta nueva ley, las autoridades han acusado a cuarenta y siete figuras de distintas tendencias políticas de la oposición de «conspiración para la subversión», alegando que sus actividades tenían como objetivo derrocar al gobierno. De estos, treinta y uno se declararon culpables con la esperanza de que esto sirva de atenuante para la sentencia.
El veredicto para los restantes dieciséis, entre ellos activistas, ex legisladores y ex concejales de distrito, se dio a conocer el pasado jueves. Al inicio de la audiencia, el juez Andrew Chan nombró a los catorce acusados que fueron declarados culpables. Solo dos ex concejales de distrito fueron absueltos por el tribunal.
Según un escueto resumen del veredicto publicado por la corte, los jueces sostienen que los catorce acusados habían conspirado para socavar «el poder y la autoridad del gobierno y el jefe ejecutivo» de la ciudad. «Desde nuestro punto de vista, esto crearía una crisis constitucional para Hong Kong», argumentaron. La mayoría de los acusados han estado detenidos desde marzo de 2021, cuando fueron presentados por primera vez a la justicia.
El juicio se llevó a cabo sin jurado y estuvo a cargo de un trío de jueces seleccionados de un grupo de juristas designados a dedo por el dirigente del gobierno semiautónomo de Hong Kong. Uno de los ex concejales de distrito que fue declarado no culpable, Lawrence Lau, expresó a la prensa al salir del tribunal que seguiría respaldando al resto de los acusados. «Espero que todo el mundo mantenga su preocupación por nuestros amigos en el caso», deseó.
La fiscalía acusó a los cuarenta y siete de conspirar para subvertir el poder al celebrar unas elecciones primarias no oficiales como parte de su plan de obtener una mayoría en el órgano legislativo de la ciudad. Si hubieran controlado el consejo legislativo, hubieran podido vetar el presupuesto del gobierno y forzar al jefe del ejecutivo a aceptar las demandas claves presentadas por los manifestantes en 2019, argumentó la acusación en el tribunal.
La defensa sostuvo que la miniconstitución de Hong Kong contempla mecanismos para llevar a cabo este plan y que el caso «era un asunto puramente político, en vez de un asunto legal». Frente al tribunal, Kathy, una de las 610,000 personas que participó en esas primarias no oficiales en 2020, dijo que los acusados «nunca cometieron ningún crimen».
«Para mí, la elección primaria era simplemente una ocasión para mostrar mi apoyo a algo en lo que creo», afirmó. «Las elecciones primarias son algo habitual en muchos sitios en el mundo», aseguró Lam, un estudiante universitario. «No veo todavía cómo esto puede subvertir el Estado», agregó.
El analista Eric Lai, del Centro Asiático de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo a AFP que el proceso es «un juicio al movimiento prodemocracia de Hong Kong». El juicio ha captado la atención de la comunidad internacional. Representantes diplomáticos de Francia, Italia y la Unión Europea acudieron a la audiencia del jueves.
Estados Unidos y otros países occidentales han criticado a China por reprimir el movimiento prodemocracia y recortar las libertades prometidas al recuperar el control de esta antigua colonia británica en 1997. Antes del veredicto de este jueves, 114 activistas fueron declarados culpables de crímenes vinculados por la ley de seguridad nacional impuesta en 2020.
