La corrupción internacional y los sobornos millonarios son temas que a menudo dominan los titulares, pero rara vez llegamos a conocer los detalles de cómo se llevan a cabo estas operaciones ilícitas. Una investigación reciente de EL PAÍS ha expuesto una de estas operaciones, implicando a dos arquitectos madrileños, Juan José Lago-Novas y José Díaz Vecino, quienes supuestamente canalizaron 22,4 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
Los fondos, destinados a pagar sobornos, terminaron en manos de políticos y funcionarios de Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. Estos pagos estaban destinados a manipular presuntamente licitaciones de obra pública, la principal fuente de ingresos de Odebrecht. Esta información proviene de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al cual EL PAÍS tuvo acceso.
Los arquitectos en cuestión insisten en que fueron utilizados por Odebrecht en su esquema corrupto. Sostienen que los trabajos por los que recibían pagos existieron y que desconocían el destino final del dinero. Sin embargo, la Uifand rechaza esta idea y sugiere que los arquitectos eran una parte integral del esquema de Odebrecht, que es considerado el mayor operador de sobornos en América Latina, habiendo comprado supuestamente las voluntades de 145 líderes y altos funcionarios entre 2001 y 2016.
La jueza que instruye el caso en Andorra ha ampliado las diligencias por blanqueo a Lago-Novas y a su sociedad DSC Workshop Obras, Construcciones y Promociones. Esta empresa contrató con Odebrecht entre 2007 y 2010. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional española, también está investigando a Lago-Novas y a su exsocio Díaz Vecino por los mismos hechos.
DSC Workshop fue fundada en 2005 por Lago-Novas en un piso del distrito madrileño de Chamartín. Según el Registro Mercantil, tenía un solo trabajador y declaró ventas de 12.000 euros en su primer año. Sin embargo, dos años después, comenzó a firmar contratos con el conglomerado de Odebrecht, una empresa que llegó a tener 168.000 empleados en 28 países.
Lago-Novas y Díaz Vecino firmaron contratos internacionales asociados con proyectos de licitación pública como el de Río Caldera en Panamá; el saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá; el Multipropósito Baba en Ecuador, que contó con un presupuesto de 549 millones de euros, y el túnel Línea Amarilla en Lima, Perú. Estos eran proyectos enormes por los que DSC Workshop recibiría el 3,5% de cada licitación en caso de éxito.
Una comunicación de sospecha de blanqueo de capitales de la Uifand llevó a la jueza y al fiscal del caso a investigar a los arquitectos españoles. Según la Uifand, la operativa de la cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA) por Lago-Novas presenta indicios que generan dudas sobre la veracidad de las relaciones contractuales y del trasfondo económico, así como de la efectiva prestación de los servicios. El abogado de Lago-Novas insiste en que los servicios son reales y que Odebrecht los utilizó.
El informe de la Uifand resalta la existencia de diversos contratos entre la sociedad de los arquitectos y Odebrecht muy similares en diferentes partes, firmados parcialmente y que presentan con “vaguedad” los servicios descritos. Señala la ausencia de los contratos firmados por las administraciones panameña, ecuatoriana y peruana con la constructora brasileña.
El esquema societario fue diseñado presuntamente por el despacho de asesoría fiscal uruguayo Grupo BGL Asesores Legales y Fiscales, donde trabajó hasta 2015 el abogado Fernando Belhot Fierro. En ese despacho en Montevideo se crearon sociedades empleadas en distintas tramas de corrupción en América, todas las cuales utilizaron al banco andorrano para sus pagos inconfesables.
La Banca Privada de Andorra (BPA), entidad elegida por Odebrecht para comprar voluntades, fue intervenida por las autoridades del pequeño principado pirenaico de 77.000 habitantes en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de capitales de grupos criminales. Desde este banco, Odebrecht movió al menos 172 millones de euros para el pago de comisiones ilegales a funcionarios de distintos países de América.
En su conjunto, este caso ofrece una visión sorprendente de cómo las operaciones corruptas pueden entrelazarse a través de fronteras internacionales, implicando a una serie de actores en distintos países y sectores. Aunque los detalles pueden ser complejos, la esencia es clara: millones de euros se desplazaron ilícitamente, favoreciendo a aquellos dispuestos a desviarse del camino legal para obtener ganancias personales.
