El reconocimiento del Estado palestino por parte de España este martes, en un Consejo de Ministros, es una formalización de una decisión anunciada la semana pasada junto con otros dos países europeos: Irlanda y Noruega. Esta decisión tiene sus raíces en el conflicto entre Israel y los palestinos que ha perdurado desde 1948, un conflicto que el filósofo palestino Edward Said ha caracterizado como la “continua enajenación de tierras” por parte de Israel en detrimento de los derechos de los palestinos.
Israel es un país que ha evitado definir sus fronteras y tampoco ha reconocido las de los territorios palestinos que ocupa desde 1967: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Estos son los territorios en los que se establecería el Estado palestino que España ha reconocido.
En 1947, un año antes de la creación de Israel, la Asamblea General de la ONU adoptó un plan no vinculante de partición en dos Estados del mandato británico de Palestina. El plan establecía que al 70% de la población palestina se le concedería el 45% de la tierra, mientras que al 30% de la población judía, entonces en su mayoría inmigrantes de Europa central y oriental, se le otorgaba el 55%. Este reparto fue rechazado por los países árabes y desencadenó la primera guerra árabe-israelí.
En 1949, después de su victoria en la guerra, Israel se apoderó del 77% de la Palestina histórica. En el armisticio firmado ese año, se establecieron fronteras de facto entre las zonas ya bajo control israelí y lo que quedaba del territorio del mandato británico: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que representan el 22% de la Palestina histórica. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel se apoderó también de estas tres áreas.
Los Acuerdos de Oslo, firmados entre 1993 y 1995, tenían la intención de dar paso a un Estado palestino. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) negoció establecerlo en estas fronteras anteriores a 1967. Israel aceptó que se creara una administración autónoma provisional en Gaza y Cisjordania, gestionada por una Autoridad Nacional Palestina (ANP), por un período transitorio de cinco años.
La ANP aún mantiene en Cisjordania un Gobierno con escasas prerrogativas bajo ocupación israelí. Aquellos acuerdos también dividieron los territorios de Gaza y Cisjordania en tres zonas, A, B y C. La ANP solo accedió a un control muy limitado de dos de las tres zonas, la A y la B. El resto, el 60% de su superficie, la zona C, sigue estando bajo total control israelí, pese a que los pactos de Oslo preveían su entrega a la Administración palestina.
Dos de los obstáculos principales para la viabilidad del Estado de Palestina son la falta de continuidad territorial y la constante apropiación de tierras palestinas por parte de Israel. Gaza y Cisjordania no son contiguas e Israel ha construido un muro que separa Jerusalén Este de Cisjordania. Además, el mapa de Cisjordania se asemeja ahora a un queso gruyère por los asentamientos de colonos israelíes, que sirven a Israel como punta de lanza para apropiarse de más tierras y recursos palestinos, construir infraestructuras y expulsar a la población autóctona.
En la zona C de Cisjordania, la más rica en recursos naturales, sobre todo hídricos, se han instalado 450.000 colonos israelíes en asentamientos ilegales desde 1967. Otros 250.000 viven en la parte palestina de Jerusalén.
La Autoridad Palestina carece de otros de los atributos fundamentales de un Estado, como el monopolio del uso de la fuerza, que sigue en manos de Israel y de su ejército. Las autoridades israelíes controlan las fronteras de facto con los territorios palestinos, su espacio aéreo y marítimo; imponen su moneda, el séquel, y recaudan sus impuestos, unos ingresos que retienen a voluntad como represalia, parcial o totalmente.
En su comparecencia de este martes, Pedro Sánchez ha mencionado dos resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 242 de 1967, que insta a Israel a retirarse completamente de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y la 338 de 1973, que llama a la instauración de una paz “justa y duradera” en Oriente Próximo.
Cuando España estableció relaciones diplomáticas plenas con Israel en 1986, en la carta entregada a las autoridades israelíes por el diplomático Máximo Cajal se establecía: España “reitera su posición de no reconocer los territorios árabes ocupados por Israel en 1967”.
El 15 de noviembre de 1988, en una reunión del Consejo Nacional Palestino en Argel, Yaser Arafat proclamó el Estado de Palestina en los mismos territorios reconocidos ahora por España. Ello implicaba la asunción implícita del derecho a la existencia del Estado de Israel, pero a cambio de una retirada total israelí, la creación del Estado palestino y el retorno de los refugiados censados por la ONU, que ahora son casi seis millones.
