En un esfuerzo por reforzar la integridad del sistema democrático y combatir la corrupción, los parlamentarios han presentado un proyecto para modificar la Ley 18.700, la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Esta iniciativa busca aumentar las sanciones aplicables al cohecho y otras conductas delictivas que se realicen con la participación de organizaciones criminales.
El proyecto, que será analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, plantea el endurecimiento de las penas para aquellos que participen en la compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales. Esta propuesta es una respuesta directa a la creciente criminalidad y a las formas más violentas y organizadas de delincuencia que han surgido en los últimos años.
La modificación propone una pena que va desde 3 años y 1 día hasta los 5 años (presidio menor en su grado máximo) y una multa que podría alcanzar los 6 millones y medio de pesos (50 a 100 UTM), al que -con miembros de una organización delictiva o criminal- en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector.
La ley actual establece que el cohecho, sin hacer referencia a la intervención de organizaciones criminales, enfrenta una pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Este último punto se mantendrá en la moción.
Los autores del proyecto argumentan que es deber del Estado proporcionar protección y seguridad a la población. Para lograrlo, deben desarrollarse todas las acciones necesarias para brindar un resguardo eficaz de las personas y sus bienes. En este contexto, han surgido normas más modernas y actuales para combatir las nuevas formas de comisión de delitos y la tipificación de nuevos hechos punibles.
La compra de votos y el cohecho, en particular cuando se realizan con la participación de organizaciones criminales, son graves amenazas para la integridad del sistema democrático. Esta propuesta representa un paso adelante en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada en el contexto de las votaciones populares y los escrutinios.
La lucha contra el cohecho y otras formas de corrupción electoral es un desafío constante. Sin embargo, con la implementación de leyes más estrictas y sanciones más duras, es posible avanzar hacia un sistema electoral más limpio y justo.
Esperamos que este proyecto de ley sea un paso significativo en la dirección correcta. La corrupción electoral y la participación de organizaciones criminales en las elecciones son problemas graves que deben abordarse de manera proactiva.
En última instancia, la salud de una democracia depende de la integridad de sus elecciones. Este proyecto de ley es un paso importante para garantizar que se haga todo lo posible para prevenir la corrupción y proteger la integridad de las elecciones. Es un paso crucial para garantizar que nuestra democracia sea tan fuerte y justa como sea posible.
