La inmigración ilegal ha sido una preocupación predominante para los estadounidenses y se ha convertido en un argumento central en la campaña del expresidente Donald Trump para retornar a la Casa Blanca. La retórica xenófoba y autoritaria de Trump se mantuvo durante su campaña en 2016, pero ahora, ante el récord de cruces fronterizos durante el mandato de Joe Biden, se ha intensificado. Irónicamente, la postura de los republicanos ha sido la de rechazar una ley para fortalecer la frontera, prefiriendo aprovechar la situación como un problema político en lugar de buscar una solución.
En febrero, los demócratas lograron un acuerdo con una parte de los senadores republicanos para aprobar un paquete de alrededor de $20,000 millones para combatir la inmigración ilegal. Este paquete estaba ligado a la ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán y fue una exigencia republicana. No obstante, Trump se movilizó para boicotear la votación antes de que se realizara. A pesar del control demócrata en el Senado, se necesita una mayoría reforzada en una votación para aprobar la mayoría de las leyes. Sin los votos republicanos, la norma quedó en suspenso.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, intentó nuevamente aprobar la ley la semana pasada. El objetivo no era tanto obtener la aprobación de los republicanos sino exponer su rechazo. Después de la votación, Schumer cuestionó la lealtad ciega de los republicanos hacia Trump, incluso cuando saben que está equivocado.
En la votación del jueves pasado, la mayoría de los demócratas del Senado apoyaron la votación de procedimiento para iniciar el debate sobre el proyecto de ley de fronteras. Sin embargo, todos los republicanos, con la excepción de la senadora por Alaska Lisa Murkowski, votaron en contra. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, criticó la incapacidad de Biden para asegurar la frontera sur.
Biden expresó su descontento con el rechazo republicano a la ley a través de un comunicado. Acusó a los republicanos de anteponer la política partidista a la seguridad nacional e ignorar la necesidad de reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos. Condenó su negativa a una legislación que habría contratado más agentes de la Patrulla Fronteriza, añadido más jueces de inmigración y funcionarios de asilo, e implementado nueva tecnología para detectar y detener la entrada de fentanilo en Estados Unidos.
La ley propuesta habría destinado más de $20,000 millones para personal y equipo para los servicios migratorios y fronterizos. Incluía fondos para patrullas fronterizas, agentes de asilo, jueces de inmigración y servicios de acogida. También permitía a Biden efectuar devoluciones en caliente, suspendiendo las normas de asilo al superar ciertos umbrales de entrada.
El Gobierno de Biden ha introducido algunos cambios en el sistema de asilo para acelerar el procesamiento y posible expulsión de inmigrantes. También está considerando un decreto para dificultar el paso de inmigrantes o facilitar su expulsión. Una de las medidas que se está estudiando es invocar las facultades previstas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente la capacidad de bloquear la entrada de algunos inmigrantes si esto fuera perjudicial para los intereses nacionales.
Trump, por su parte, ha prometido medidas mucho más contundentes en sus mítines de campaña y entrevistas. Ha calificado a los inmigrantes como «criminales» y «terroristas» y ha prometido deportaciones masivas, incluso utilizando a los militares si fuera necesario. En una reciente entrevista con la revista Time, Trump consideró la posibilidad de crear campos de detención o concentración para inmigrantes, aunque insistió en que la expulsión sería rápida y dichos campos no serían necesarios.
