En los últimos dos años, el Gobierno chileno ha implementado un estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, una medida que ha tenido un impacto positivo en la reducción de la violencia en la región, según el balance oficial. La estrategia ha logrado contener los niveles de violencia, con una disminución significativa de los ataques incendiarios y la detención de más de mil individuos vinculados a la violencia rural.
La Macrozona Sur, que abarca las provincias de Malleco y Cautín, ha sido escenario de una creciente violencia rural en los últimos años. La instauración del estado de excepción constitucional en mayo de 2022 ha permitido que el Ejército apoye a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) en sus labores de seguridad en los caminos y carreteras de la región.
José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía, ha detallado que la región ha experimentado una disminución de los hechos de violencia en un 46%. En lo que respecta a los atentados incendiarios, la reducción es aún más notable, con una baja del 56% según los antecedentes de Carabineros.
El número de detenidos en relación a la violencia rural también ha sido significativo, con casi la misma cantidad de arrestos (1.050) en el 2023 que en el año anterior.
La instauración de esta medida ha sido valorada positivamente por el gremio forestal, uno de los sectores más afectados por la violencia rural en la zona. René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, ha declarado que el estado de excepción ha sido una herramienta útil en la lucha contra la violencia rural.
A pesar de los logros, Muñoz sostiene que la Fuerzas Armadas (FF.AA) deberían tener un papel más activo en los operativos de seguridad. Actualmente, las FF.AA pueden recorrer, controlar y vigilar caminos, pero su capacidad para actuar es limitada. Con las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), Muñoz cree que se podría permitir una mayor participación de las FF.AA en los operativos de seguridad.
Además de la implementación del estado de excepción, otro golpe significativo a la violencia rural en la Macrozona Sur ha sido la condena del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Llaitul ha sido condenado a 23 años de prisión.
No obstante, desde el Ministerio Público se ha insistido en que la condena de Llaitul no significa que se haya desarticulado la CAM, una organización radical que opera en la Macrozona Sur. La lucha contra la violencia rural en la región, por tanto, sigue siendo un desafío para las autoridades.
En conclusión, el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur ha demostrado ser una herramienta eficaz en la reducción de la violencia en la región, pero los desafíos persisten. La participación de las FF.AA en las labores de seguridad y la desarticulación de organizaciones radicales como la CAM son aspectos clave para lograr una paz duradera en la región.
