En un giro sorprendente de los eventos, Miguel Albuquerque, el político que se vio obligado a dimitir como presidente regional de Madeira en Portugal en enero pasado, tras ser declarado arguido (sospechoso) en varios casos de corrupción investigados por la Fiscalía, ha logrado una victoria electoral. A pesar de las acusaciones de corrupción y las protestas en su contra, Albuquerque, candidato del Partido Social Demócrata (centroderecha), recibió el 36,13% de los votos en las recientes elecciones regionales.
La victoria de Albuquerque es notable, aunque ha experimentado un ligero retroceso en comparación con los resultados de las elecciones anteriores. En 2023, su partido, en coalición con una formación conservadora minoritaria, obtuvo 23 escaños. Ahora, habiendo concurrido en solitario, ha logrado 19 escaños, mientras que sus antiguos socios obtuvieron dos.
El triunfo de Albuquerque pone de manifiesto un cambio significativo en el paisaje político de Madeira. A pesar de la crisis política en la región, el Partido Socialista, que se ubicó en segundo lugar, no logró capitalizar la situación, obteniendo solo el 21,32% de los votos. Con un total de 11 escaños, el mismo número que obtuvo en los comicios anteriores, el líder del Partido Socialista, Paulo Cafofo, ha expresado su intención de formar una alianza con otros partidos de la oposición para desbancar a Albuquerque.
En estas elecciones, un partido regional, Juntos pelo Povo, ha emergido como la tercera fuerza más popular, mientras que la izquierda sufrió una derrota significativa con la exclusión del Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués.
La victoria de Albuquerque llega después de que una investigación de la Fiscalía en enero desencadenara una operación de gran envergadura en Madeira, que incluyó el registro de 60 viviendas y oficinas, incluyendo la residencia del entonces presidente regional. Albuquerque fue declarado arguido, junto con su antiguo vicepresidente, Pedro Calado, y dos empresarios de la construcción.
La Fiscalía investigaba si Albuquerque tenía participaciones en un fondo inmobiliario al que vendió un complejo turístico, la Quinta do Arco, por 3,5 millones de euros en 2017 y al que su Gobierno atribuyó un estatuto de utilidad turística poco después. También se sospechaba de la concesión de la explotación de la Zona Franca de Madeira al grupo Pestana, una decisión que ha sido cuestionada tanto por Bruselas como por el Tribunal de Cuentas de Portugal.
La investigación de la Fiscalía, que llevó a la dimisión de Albuquerque, fue en parte desinflada por un juzgado de instrucción. Sin embargo, Albuquerque volvió a postularse para el cargo de presidente regional del PSD en las primarias de su partido, donde obtuvo una victoria con el 54,3% de los votos sobre su rival, Manuel António Correia.
Las elecciones en Madeira se desarrollaron en un contexto en el que la crisis política sacude a Portugal. El primer ministro António Costa también dimitió en noviembre tras anunciarse que sería investigado por su papel en la aprobación de proyectos empresariales. A diferencia de Albuquerque, Costa aún no ha sido declarado arguido.
Estos acontecimientos reflejan las complejidades y el dinamismo de la política portuguesa, y cómo las sospechas de corrupción y los escándalos no necesariamente han afectado el apoyo electoral a los políticos en cuestión. El caso de Albuquerque en Madeira es un ejemplo claro de esta realidad.
