Nueva Caledonia, un territorio francés en el océano Pacífico, está experimentando su peor crisis desde los violentos conflictos de los años ochenta, descritos como una casi guerra civil. Esta situación toca algo íntimo de Francia: los restos de su pasado colonial y sus ambiciones de grandeur y poder global.
Ubicada a 17.000 kilómetros de París, Nueva Caledonia se ha visto recientemente envuelta en violentos disturbios que han dejado al menos siete muertos, decenas de comercios y empresas saqueadas, y barrios bloqueados. Esta violencia se produce en un contexto de crecientes desigualdades y el colapso de la industria local del níquel.
Los disturbios han ampliado la brecha entre la comunidad de origen autóctono e independentista, los kanakos, y la comunidad de origen europeo y loyaliste, que desea seguir siendo parte de la República francesa, los caldoches. Las tensiones aumentan en un territorio ya marcado por la circulación de armas y resentimientos enquistados, lo que genera temor a una guerra civil.
El periodista Patrick Roger, especialista de Le Monde en los territorios de ultramar, señala que Nueva Caledonia es un reflejo de que la cuestión colonial, que está en el corazón de la historia de la República francesa, sigue siendo una herida no cerrada. Nueva Caledonia es el territorio de la República con mayor autonomía, pero también es donde el independentismo es más fuerte.
La violencia estalló el 13 de mayo pasado, coincidiendo con la aprobación en la Asamblea Nacional y el Senado franceses de una reforma constitucional que ampliará el censo electoral de Nueva Caledonia, diluyendo así el peso de los kanakos. Actualmente, los kanakos representan un 41% de la población y los caldoches, un 24%.
El censo para las elecciones provinciales quedó fijado en 1998, excluyendo a uno de cada cinco electores llegados después de esa fecha. La intención era limitar la ciudadanía caledoniana a aquellos con raíces ancestrales, a los descendientes de colonos o desterrados europeos, y a personas con unos años de residencia. Con la reforma, tendrían derecho a votar en las elecciones provinciales quienes llevasen más de diez años en el archipiélago.
El antropólogo Benoît Trépied, especialista en Nueva Caledonia, habla de una “confrontación entre dos legitimidades políticas”: la del pueblo kanako como pueblo colonizado y la lógica de la democracia francesa, que, aplicada a una situación de colonización de población, refuerza el dominio colonial.
Antes de la aprobación de la reforma, el ambiente ya estaba enrarecido debido a los referéndums de independencia de 2018 y 2020 y la llegada de la pandemia. Los independentistas pidieron a París aplazar la tercera consulta, sin éxito, y después llamaron a boicotearla. Como resultado, el no a la independencia se impuso con un 96% de votos.
Manuel Valls, uno de los políticos franceses que más se ha ocupado de Nueva Caledonia, señala que tras el referéndum, se intentó buscar un “acuerdo global” que incluía, además de la modificación del censo, cuestiones como el reparto de poder, el estatus futuro de la relación con Francia y la ciudadanía neo-caledonia. Sin embargo, el gobierno decidió adoptar solo una parte de este acuerdo, el nuevo censo, sin el consentimiento de los independentistas.
El presidente Emmanuel Macron, que visitó el territorio recientemente, ha sugerido aparcar la reforma con la condición de que se levanten los bloqueos, y ha pedido un diálogo sobre un “acuerdo global” que sería sometido a referéndum. Los independentistas, por su parte, exigen la retirada total de la reforma.
El exdiputado socialista René Dosière cree que el futuro es una Nueva Caledonia plenamente soberana, es decir, independiente, pero asociada con Francia. Aunque no se dice públicamente, esta puede ser la solución para calmar las cosas y encontrar una resolución al conflicto que está generando tanto malestar en la región.
