La tensión continúa en el Medio Oriente, con Israel lanzando bombardeos en Rafah y otros sectores de la Franja de Gaza, a pesar de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener las operaciones militares en la región. Esta acción desafía la autoridad de la CIJ, que había emitido una orden para detener la operación militar en Rafah, ubicada en el extremo sur del enclave palestino, el día anterior.
Testigos y periodistas afirmaron que los bombardeos israelíes estaban dirigidos contra esta ciudad en la frontera con Egipto y también contra Deir al-Balah, en el centro. La CIJ había emitido la orden en respuesta a una petición de Sudáfrica, demandando a Israel que detuviera cualquier acción que provocara la «destrucción física total o parcial» del pueblo palestino en Gaza.
Además de la orden de detener sus operaciones militares, la CIJ también exigió la apertura del paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah, que es un punto de entrada clave para la ayuda humanitaria. Israel había cerrado este paso a principios de este mes cuando inició sus operaciones en la ciudad. A pesar de la falta de medios para implementar sus decisiones, las resoluciones de la CIJ son vinculantes.
El tribunal también demandó al movimiento islamista Hamas la liberación inmediata de todos los rehenes tomados en su ataque del 7 de octubre contra Israel. Sin embargo, parece que ninguna de las partes ha atendido a las demandas del tribunal.
En respuesta a la situación, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha subrayado a Israel que las órdenes acordadas por la Corte Internacional de Justicia para frenar su operación militar en Rafah «son obligatorias». Albares también recordó el mandato de la CIJ para un alto al fuego, la liberación de los rehenes y el acceso humanitario, enfatizando que «el sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar».
A pesar de estas demandas, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, insistió en que «Israel no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente».
La guerra en Gaza ha dejado un rastro de destrucción y muerte. El conflicto estalló el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel. Los milicianos también secuestraron a 252 personas. Israel afirma que 121 de ellas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales 37 habrían muerto. En respuesta a este ataque, Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza en la que, hasta el momento, han muerto 35.800 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.
Las negociaciones indirectas mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos se estancaron a principios de mayo, poco después del inicio de las operaciones terrestres de Israel en Rafah. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó esta semana «continuar las negociaciones para el regreso de los rehenes».
Las reuniones para abordar la situación en Gaza también se están llevando a cabo en París. El director de la CIA, William Burns, se reunirá con representantes israelíes. Al mismo tiempo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido reuniones con los cancilleres de Arabia Saudita, Catar, Egipto y Jordania. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, también ha hablado con el ministro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, sobre los nuevos esfuerzos para conseguir un alto al fuego y la reapertura del paso de Rafah lo antes posible.
Pese a la oposición de la comunidad internacional, incluido su aliado estadounidense, las tropas israeles entraron en la ciudad de Rafah a principios de mayo. Los soldados tomaron la parte palestina del cruce fronterizo con Egipto, lo que ha ralentizado aún más el suministro de ayuda humanitaria para los 2,4 millones de gazatíes.
La situación humanitaria en el territorio es alarmante, con riesgo de hambruna, hospitales fuera de servicio y unas 800.000 personas huyendo de Rafah, según la ONU. Su responsable humanitario, Martin Griffiths, instó a que «los trabajadores humanitarios y el personal de la ONU deben poder realizar su trabajo con seguridad», y llamó a la liberación de los rehenes, un alto al fuego y el fin de esta «pesadilla».