El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la imposición de un estado de excepción en siete provincias de la costa y del Amazonas, una medida sin precedentes en la historia del país. El motivo de esta decisión se debe a su lucha contra la creciente ola de criminalidad y violencia que ha asolado a estas regiones en los últimos meses.
«En cinco meses logramos devolverle la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado», explicó Noboa. Según el presidente, las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han atrincherado y resguardado en las mencionadas provincias.
La decisión fue respaldada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Ecuador tras una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, en Quito. En su declaración, el presidente insistió en la necesidad de permitir a los militares actuar contra los delincuentes y terroristas que, según él, se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia.
Sin embargo, esta ofensiva ha generado preocupación en organizaciones internacionales. Human Rights Watch (HRW) ha advertido de «serias violaciones de derechos humanos» llevadas a cabo por policías y militares durante el conflicto. HRW reporta detenciones arbitrarias y al menos un caso de ejecución extrajudicial, el del joven Carlos Javier Vega, asesinado en febrero en Guayaquil durante un control callejero.
El gobierno ecuatoriano acusa a una veintena de bandas de delincuentes, «terroristas y beligerantes», entre las que destacan Los Choneros y Los Lobos, de haberse asociado con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estas alianzas y la disposición geográfica de Ecuador, situado entre Colombia, Perú y Bolivia —grandes productores de cocaína—, han convertido al país en un epicentro del narcotráfico en las Américas.
«No podemos perder lo que hemos ganado», concluyó Noboa, consciente de que su popularidad ha descendido debido a las medidas de seguridad propuestas en el referéndum y la consulta popular del mes pasado. La subida del IVA para costear los gastos de la lucha contra el narco y los apagones eléctricos de las últimas semanas, provocados por el fenómeno climatológico de El Niño, han mermado su popularidad.
Pero no todo ha sido negativo para el presidente. El asalto por la fuerza de la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente revolucionario Jorge Glas no le ha pasado factura política en el interior del país.
Estos acontecimientos resaltan la gravedad y la complejidad de la situación que está viviendo Ecuador. La lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales es un desafío enorme que requiere de un equilibrio delicado entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. El futuro de estas políticas y su impacto en la vida de los ecuatorianos son aún inciertos.
