El Presidente Gabriel Boric ha estado en el centro de la atención recientemente, ya que la tensión crece en torno a su anuncio de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la promesa de una «solución» para el Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta tensión es palpable tanto en el oficialismo como en la oposición, generando un ambiente de incertidumbre y expectativa.
El CAE, una iniciativa gubernamental destinada a facilitar el acceso a la educación superior a través de préstamos respaldados por el estado, ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de los años debido a sus altas tasas de interés y su impacto en la vida de los estudiantes después de graduarse. En medio de este clima de tensión, las entidades que administran el CAE han presentado cifras relevantes que muestran que la mayoría de los deudores con pago activo del crédito gasta menos de 2UF mensualmente en ello.
Según la Comisión Ingresa, que administra el Sistema de Créditos para Estudios Superiores, el total de la deuda al 31 de diciembre de 2023, incluyendo las cuotas de quienes están al día y los morosos, era de UF 283 millones, es decir, cerca de US$11.900 millones. Este monto representa un considerable salto en la tasa de morosidad en los años 2022 y 2023.
La Comisión Ingresa también proporcionó datos sobre la distribución de los deudores en función del monto de la cuota CAE que deben enfrentar cada mes. Para el análisis, se consideraron solo aquellos estudiantes que mantienen su cuadro de pago activo, excluyendo a los que tienen cuotas impagas, aquellos cuyos créditos han sido acelerados, aquellos a los que se les ha ejecutado el cobro de la garantía debido a una morosidad prolongada y aquellos que no registraban saldo adeudado al 31 de diciembre del año pasado.
En total, se analizaron aproximadamente 413.500 personas, de las cuales 373,4 mil son egresados y 40,1 mil desertores. Los datos muestran que 199,2 mil personas entre egresados y desertores, es decir el 48,2% del total con pago activo, desembolsan menos de 1 UF mensual, con un promedio de 0,54 UF, es decir, $20.191. Además, hay alrededor de 122.100 personas que pagan entre 1,01 y 2 UF, con un promedio de 1,44 UF ($ 53.842) cada 30 días. De este modo, para el 77,7% de las personas con pago activo, su cuota promedio es de 0,88 UF, es decir, $32.903.
Al desglosar aún más los datos, se observa que el 78% de los estudiantes que egresaron y que tienen cuadro de pago activo tiene una cuota mensual no mayor a 2 UF, pero en promedio el valor mensual que pagan es de 0,88 UF ($ 32.930) y el saldo promedio que mantienen es cercano a 179 UF ($6.692.000). A este grupo se suman otros 67 mil egresados que tienen una cuota de entre UF 2 y hasta UF 4, con un promedio mensual de 2,73 UF ($102.076). En estos cuatro primeros tramos de cuota se concentra el 95,9% de los egresados.
En cuanto a los deudores que desertaron, la distribución indica que el 74% de ellos tiene cuotas menores a 2 UF ($ 74.780, con un monto promedio mensual de 0,88 UF ($ 32.930), con un saldo promedio de 87 UF ($ 3.252.000).
El informe de Ingresa también hace referencia a las garantías ejecutadas, es decir, cuando el estado o las instituciones de educación superior tuvieron que hacerse cargo de los créditos de aquellos deudores -egresados y desertores- que incumplieron el pago de su deuda. En total, desde la puesta en marcha del CAE en 2006, las garantías ejecutadas han acumulado UF 47,9 millones, es decir, cerca de US$ 1.968 millones.
El organismo presenta, además, la tasa de cobro de garantías como resultado del cociente entre el número de garantías ejecutadas y el número de deudores en mora. Este indicador ha experimentado un aumento significativo a partir de 2015, alcanzando el 73% en 2023. Este aumento se atribuye principalmente a mejoras operativas de los bancos que incrementaron su capacidad de cobro de garantías y a factores externos como el estallido social y el impacto económico de la pandemia.
Para finalizar, es importante destacar que el año pasado el monto total de garantías pagadas fue cercano a UF 9,2 millones, un 19,5% mayor al de 2022. Esta cifra refleja el creciente costo que tanto el Fisco como las instituciones de educación superior han tenido que asumir debido al incumplimiento de los deudores del CAE.
