En un reciente desarrollo en la política chilena, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró los comentarios hechos por el Presidente Gabriel Boric en las redes sociales con respecto a la detención de 12 Carabineros (la policía uniformada de Chile) por una serie de delitos que incluyen robo, tráfico de drogas y arrestos ilegales en el centro de Santiago. El mandatario afirmó que estos delitos deben ser investigados por la justicia civil y si se prueban, los responsables deben ser condenados. Su declaración subrayó que «En Chile nadie está por sobre la ley».
El comentario del presidente atrajo la atención debido a su énfasis en la aplicación de la justicia civil, que es el único tipo de justicia que se aplica en tales circunstancias. Este hecho provocó la intervención del ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien cuestionó la utilidad de tal comentario presidencial. Maldonado se preguntó si alguien sostenía que estos supuestos delitos no deberían ser investigados por la justicia civil o que, si se demostraban, sus autores no deberían ser condenados.
En respuesta a estas interrogantes, la ministra Tohá aclaró que en Chile, los delitos que involucran tanto a personal uniformado como a civiles son investigados por la justicia civil. Sin embargo, en los casos en que los delitos son cometidos únicamente por personal uniformado, pueden ser juzgados por la justicia militar.
La declaración del presidente se produjo en medio de un reciente debate sobre la posibilidad de cambiar los límites entre la justicia civil y la justicia militar. Según Tohá, la intención del presidente al realizar dicho comentario fue resaltar que el debate ha demostrado que no hay apoyo para la expansión de la justicia militar.
Es importante mencionar que en el caso de los 12 Carabineros detenidos, la investigación fue liderada por el Ministerio Público en colaboración con el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros. La formalización de los cargos se llevará a cabo ante un tribunal de la justicia civil.
Este caso es particularmente notable por la implicación de los Carabineros, que son una fuerza policial uniformada que desempeña un papel crucial en la preservación de la seguridad y el orden público en Chile. El hecho de que se enfrenten a cargos por delitos graves como el robo y el tráfico de drogas representa un hecho preocupante que pone en relieve los desafíos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país.
El énfasis del presidente Boric en la necesidad de que estos delitos sean juzgados por la justicia civil refuerza la importancia de la independencia y la imparcialidad del sistema judicial en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Su declaración también subraya el principio de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o estatus.
La aclaración de la ministra Tohá también proporciona una visión esclarecedora de la distinción entre la justicia civil y la justicia militar en Chile. Según ella, mientras que la justicia civil se ocupa de los delitos que involucran a civiles y a personal uniformado, la justicia militar se ocupa de los delitos cometidos exclusivamente por personal uniformado.
Este caso y el debate que ha provocado destacan algunas de las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema de justicia chileno. A medida que continúa el proceso judicial contra los Carabineros implicados, este caso seguirá siendo un foco de atención en el país y más allá.
